Duro golpe a las valoraciones inmobiliarias de las Administraciones Públicas

El Tribunal Supremo en una sentencia de 18 de enero ha echado por tierra una de las prácticas más habituales de la Administración tributaria: la de comprobar valores con el fin de intentar exigir a los contribuyentes el pago de unos impuestos más altos.

La práctica

En el ejercicio de sus funciones de control y revisión, en numerosas ocasiones Hacienda ha modificado al alza el valor asignado por el contribuyente a una operación inmobiliaria, como por ejemplo la compraventa de un inmueble.

Para ello, la Administración tiene a sus propios peritos que se encargan de realizar una nueva valoración y que, según el Tribunal Supremo, se está realizando bajo unos criterios poco realistas.

La sentencia.

El Supremo ha asestado un duro golpe al método de dictamen de peritos que usa la Administración Tributaria contemplado en el artículo 57.1.e de la Ley General Tributaria 58/2003, que se basa en tasar los inmuebles basándose solamente en los precios de mercado o en los valores catastrales.

Este sistema ni siquiera lleva aparejada una visita física del perito al inmueble, por lo que no tenía en cuenta aspectos tan importantes como el estado de conservación o las calidades de edificación o la situación del inmueble.

En su sentencia condena esta práctica y prepara el camino para que se anulen las liquidaciones dictadas usando este método de valoración. En concreto, el Alto Tribunal cree que esta valoración pericial no cumple los criterios necesarios para ser una valoración singular, genérica y objetiva.

Conclusión

La Administración deberá razonar la aplicación de los precios medios de mercado, o del valor catastral, lo que en la mayoría de los casos le obligará a una inspección personal del bien a comprar. De hecho, el Supremo entiende que es imprescindible la visita del perito al inmueble.

Responsabilidad Penal de Empresas – Corporate Compliance

Ponemos en su conocimiento que a raíz de la reciente reforma del Código Penal de fecha 1 de julio de 2015 su empresa podrá ser susceptible de cometer delitos y en consecuencia ser sancionada penalmente.

De esta forma su empresa podría ser responsable y condenada como autora por delitos cometidos:

  1. En nombre o por cuenta de la misma.
  2. Por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
  3. Por actuaciones en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

El elenco de penas aplicables conlleva consecuencias tan graves como:

  • Multas
  • Suspensión de sus actividades
  • Clausura de sus locales
  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas
  • Disolución de su empresa

Únicamente quedarán exentas de responsabilidad, aquellas empresas que hayan adoptado y ejecutado con eficacia:

  • Modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Este sistema de control es denominado como Corporate Compliance.

Por ello y si su empresa acredita haber implantado eficazmente esos medios de vigilancia y prevención, mediante la implantación de los debidos sistemas de control y cumplimiento normativo, no será imputada penalmente o la pena se atenuaría considerablemente, evitando consecuencias tan indeseadas como la disolución de su empresa.

Es de vital importancia que su empresa elabore y disponga de los MANUALES PREVENTIVOS de control y cumplimiento si no quiere exponerse a serias y duras contingencias que deben y pueden ser debidamente atendidas.

Desde GADE consideramos que es primordial que conozca de este deber a fin de evitar consecuencias perjudiciales para el buen funcionamiento de su empresa, por ello ponemos a su disposición un programa de medidas de prevención (Compliance) que nuestro equipo de profesionales adaptaría a las circunstancias y características de su empresa en particular.

Le invitamos a que se pongan en contacto con nosotros para poder ofrecerle información y presupuesto detallado.

Líneas de Financiación ICO 2016

Financiación ICO

Instituto Crédito Oficial

El Instituto de Crédito Oficial ha puesto en marcha las líneas de financación ICO 2016 para autónomos y empresas que realicen inversiones productivas en España y/o necesiten cubrir necesidades de liquidez con independencia de su domicilio social o fiscal y de si la mayor parte de su capital es español o extranjero.

En los proyectos de inversión se consideran financiables: los activos fijos productivos nuevos o de segunda mano, los vehículos turismo cuyo precio no supere los 30.000 € más IVA, los vehículos industriales podrán financiarse en un 100%, la adquisición de empresas, el IVA/IGIC, hasta el 50% para gastos de circulante vinculados a la inversión. El importe máximo del préstamo es de 12,5 millones de €, en una o varias operaciones por cliente y año. En los proyectos sin inversión, los préstamos para financiar al 100% las necesidades de liquidez se destinan a afrontar los gastos de circulante tales como gastos corrientes, nóminas, pagos a proveedores, compra de mercancía, etc.

También pueden solicitar financiación a través de esta línea, los particulares, comunidades de propietarios y las agrupaciones de comunidades de propietarios para la rehabilitación de vivienda y edificios o reforma de sus elementos comunes.

Las operaciones que cuenten con el aval de una SGR o SAECA deberán ser tramitadas a través de la línea ICO Garantía SGR/SAECA 2016.

Crédito comercial

Como novedad en 2016, se lanza la nueva línea ICO CRÉDITO COMERCIAL 2016 orientada a autónomos y empresas con domicilio social en España que deseen obtener liquidez mediante el anticipo del importe de las facturas procedentes de su actividad comercial dentro del territorio nacional. Se podrán anticipar las facturas con fecha de vencimiento no superior a 180 días a contar desde la fecha de la firma de la operación. Se podrá financiar hasta el 100% de la factura siempre que no supere el importe máximo de 12,5 millones de euros de saldo vivo por cliente y año, en una o varias operaciones.

Internacionalización

La línea ICO Internacionalización 2016 en su tramo I “inversión y liquidez”, orientada a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas españolas (fundaciones, ONG´s, Administración Pública…), incluyéndose tanto las domiciliadas en España, como aquéllas que estando domiciliadas en el extranjero cuenten con mayoría de capital español que realicen inversiones productivas fuera del territorio nacional, incluida la adquisición de empresas y también la creación de empresas en el extranjero, y/o necesiten cubrir sus necesidades de liquidez.

La línea ICO Internacionalización 2016 en su tramo II “exportadores medio y largo plazo”, destinada a financiar a las empresas con domicilio social en España para la venta de bienes o servicios, nuevos o de segunda mano, con aplazamiento de pago a empresas con domicilio social fuera de España (Crédito Suministrador), o destinado a financiar a empresas con domicilio social fuera de España, para la adquisición de bienes o servicios exportados por empresas con domicilio social en España (Crédito Comprador).

Exportadores

La línea ICO Exportadores 2016 destinada a autónomos y empresas españolas que deseen obtener liquidez mediante el anticipo del importe de las facturas derivadas de la venta en firme de bienes y servicios realizadas a un deudor ubicado fuera del territorio nacional. Se podrán anticipar las facturas que procedan de la actividad exportadora, que tengan una fecha de vencimiento no superior a 180 días a contar desde la fecha de la firma de la operación.

Otras líneas

Siguen la línea ICO Innovación Fondo Tecnológico destinada a las empresas consideradas “innovadoras”, la línea ICO Pagarés y Bonos de Empresas 2016, y la línea ICO Fidelidad y crecimiento 2016 para poder cancelar un préstamo de determinadas líneas ICO y formalizar uno nuevo para inversión en activos fijos productivos o liquidez que mejore su condiciones financieras, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Para ampliar información sobre alguna/as de las líneas puede consultar con las entidades de crédito, que tienen suscrito convenio de colaboración con el ICO y en nuestras oficinas.

Modificación de Impuestos y Cambios Fiscales Previstos Para el 2016

Cambian los Tipos Impositivos.

Este año se formaliza el cambio de tipo impositivo iniciado el año pasado, con lo que se pagará algo menos en impuestos. También se aplica esta rebaja en los tipos de la base del ahorro que para ingresos menores de 6.000 euros pasan del 19,5% al 19%, para los rendimientos entre 6.000 a 50.000 euros pasan del 21,5% al 21% y por último para ingresos de más de 50.000 euros pasan del 23,5% al 23%.

Compensación de Plusvalías.

Para el 2016, se mejora y se eleva la compensación de saldos negativos de estos componentes de la renta del ahorro, que pasan del 10% al 15%.

Autónomos

Este año muchos autónomos tienen que pasar del sistema de tributación de módulos por el de estimación directa, en el caso del comercio, la hostelería y el transporte, la norma determina que sólo saldrán de módulos los que facturen más de 250.000 euros de forma general o 125.000 en facturas a empresas (con lo que afecta enormemente a los autónomos vinculados). Estas cifras se modificaron en el último tramo de la tramitación de la Ley de Presupuestos para 2016 ya que estaba previsto reducirse hasta los 150.000 euros de facturación o 75.000 euros si se hace a una empresa.

El Impuesto de Sociedades

El principal cambio para el 2016 es una mejora. Al igual que en el IRPF hay una rebaja de los tipos impositivos, que pasa del 28% al 25%. Pero como novedad, muchos de los que no pagaban este impuesto, ahora tendrán que hacerlo. Hasta el 31 de diciembre, las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil pagaban sus impuestos a través de sus socios, tributaban por el régimen de atribución de rentas, ahora  pasarán a ser contribuyentes sometidos al Impuesto sobre Sociedades. Para evitarlo, se permite que en el primer semestre del año puedan disolver y liquidar la sociedad, aplicándoseles un régimen especial para que la operación no tenga coste. Un mazazo a muchas de estas sociedades, una forma cómoda y económica en la que muchos podían trabajar de forma asociada.

Consecuencias jurídicas y responsabilidad patrimonial de la administración

La esfera jurídica nos rodea hasta en las actividades mas cotidianas, el simple hecho de pasear por la calle y caer por un indebido estado de la vía pública puede general consecuencias jurídicas.

¿Que ocurre si tropiezo, resbalo, o me caigo en vía pública debido al mal estado de la misma?

Si como consecuencia de ello se ha sufrido daños o lesiones evaluables económicamente, el ciudadano debe saber que puede y debe reclamar una indemnización ante la administración competente, para ello y como primer paso deberá instar una reclamación de responsabilidad patrimonial, valiéndose de todas la pruebas que se puedan aportar a fin de acreditar la concurrencia del acontecimiento, ante el organismo responsable. En caso de que la misma sea desestimada en vía administrativa podrá acudir en los plazos establecidos al efecto a la vía judicial.

¿Que requisitos serían necesarios para que la reclamación prospere?

Son requisitos exigidos para apreciar la existencia de responsabilidad, la efectividad del daño o perjuicio, la evaluabilidad económica; que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa e inmediata de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal, la ausencia de fuerza mayor y, finalmente, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar, es decir, la lesión ha de ser entendida como daño o perjuicio antijurídico.