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Desde el día 1 de octubre los trabajadores autónomos deben realizar sus trámites por vía electrónica

Autónomos en el sistema RED

La Orden Ministerial ESS/214/2018, de 1 de marzo que modifica la Orden ESS/484/2013 reguladora del Sistema de Remisión Electrónica de Datos (Sistema RED) en el ámbito de la Seguridad Social, establece la obligatoriedad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos para incorporarse a dicho Sistema. No obstante, para cumplir con esta obligación el trabajador puede optar por acogerse a este Sistema y gestionar sus trámites a través de un autorizado Red  o  directamente hacer uso de los servicios electrónicos disponibles en la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS). La obligatoriedad se extiende a la recepción de las notificaciones, por lo que para su consulta y firma se deberá acceder al servicio correspondiente en la SEDESS.

¿A quién afecta la Orden ESS/214/2018 de 1 de marzo de 2018?

  • Los trabajadores autónomos por cuenta propia o autónoma.
  • Los trabajadores del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA).
  • Los trabajadores del grupo I del Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

¿qué obligaciones tengo según la OM ESS/214/2018 de 1 de marzo de 2018?

La Orden Ministerial establece la obligación de gestionar por vía electrónica todos los trámites relacionados con la afiliación, la cotización y la recaudación de cuotas. Incluye la recepción, por comparecencia en la SEDESS, de las notificaciones y comunicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.

¿Desde qué momento es efectiva la obligación?

La Orden Ministerial fija un período transitorio de adaptación de seis meses desde su entrada en vigor. Por tanto, la obligación será efectiva a partir del día 1 de octubre de 2018 para todos los trabajadores autónomos que en esa fecha se encuentren en alta en los regímenes afectados.

¿Dónde puedo gestionar mis trámites con la Tesorería General de la Seguridad Social?

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) dispone de dos canales electrónicos a través de los cuales el trabajador autónomo podrá realizar sus gestiones:

  • El Sistema RED (Remisión Electrónica de Datos). A través de este sistema, el autorizado RED actuará en representación del trabajador autónomo. En la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS) se encuentran ubicados los servicios que permiten la gestión de la asignación o desasignación del Número de Afiliación (NAF) del trabajador autónomo a un autorizado RED.
  • La Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS). El trabajador autónomo puede realizar directamente sus trámites con la TGSS a través de diversos servicios electrónicos disponibles en la SEDESS. Algunos servicios permiten también la presentación de solicitudes por Registro Electrónico (RE).

¿Qué necesito para poder acceder a los servicios en la SEDESS?

Para acceder a los servicios de la SEDESS, el autónomo debe disponer de un sistema de autenticación que garantice su identidad. Existen diferentes sistemas de autenticación admitidos en la SEDESS que permiten el acceso a los  servicios.

  • El Certificado electrónico admitido por la Seguridad Social.
  • El DNI electrónico
  • El Sistema Cl@ve

¿Puedo obtener un Certificado electrónico en las Oficinas de la Seguridad Social?

La Seguridad Social ofrece al ciudadano la posibilidad de gestionar, previa solicitud del mismo en la página de la entidad: https://www.sede.fnmt.gob.es/, la obtención del certificado personal de la FNMT,  poniendo a su disposición una amplia red de oficinas donde poder realizar la acreditación de su identidad, paso obligatorio en el proceso de su obtención.

¿Qué servicios ofrece la TGSS a los trabajadores autónomos en la SEDESS?

Los trabajadores autónomos cuentan con un amplio catálogo de servicios en la SEDESS para la gestión de los trámites relacionados con la afiliación y la cotización a la Seguridad Social:

  • Cursar el Alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
  • Cursar la Baja en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
  • Formular el cambio de base de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
  • Modificar la actividad en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
  • Solicitar la modificación, para el año siguiente, de los datos d cobertura de las contingencias para la incapacidad temporal, accidentes de trabajo y enfermedad profesional, cese de actividad y Mutua, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
  • Cursar la variación de datos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Además, desde la SEDESS el trabajador autónomo puede solicitar determinados informes y certificados:

  • Duplicado de la resolución del alta o de la baja en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos.
  • Informe o consulta sobre las bases de cotización y las cuotas ingresadas en el Régimen.
  • Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.
  • Informe de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.

La SEDESS dispone de otros servicios que pueden resultar de interés para el colectivo de trabajadores autónomos:

  • Duplicado de documento de afiliación
  • Informe de vida laboral.
  • Informe de bases de cotización.
  • Domiciliación en cuenta. (Domiciliación del pago de cuotas a la seguridad social)
  • Cambio de domicilio.
  • Comunicación de teléfono y correo electrónico.
  • Devolución de ingresos de regímenes y sistemas especiales.
  • Aplazamiento en el pago de deudas a la Seguridad Social.
  • Consulta de deudas y obtención de documentos de ingreso.
  • Pago con tarjeta de deudas con la Seguridad Social.

¿Qué son las Notificaciones Telemáticas?

A través del Servicio de Consulta y Firma de Notificaciones Telemáticas el trabajador autónomo podrá acceder a consultar y firmar las notificaciones de los actos administrativos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). También podrá acceder y gestionar las notificaciones su autorizado al sistema RED o, en su caso, su apoderado.

Entre los actos notificados a través del Servicio de Notificaciones Telemáticas, se encuentran:

  • Los del procedimiento recaudatorio: reclamaciones de deuda y providencias de apremio; actos del procedimiento de apremio por cuotas, conceptos de recaudación conjunta y otros recursos, con los recargos e intereses correspondientes; actos del procedimiento administrativo de aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social, y actos del procedimiento de devolución de ingresos indebidos a la Seguridad Social.
  • Los actos de los procedimientos sobre moratorias y diferimientos.
  • Las resoluciones de la Tesorería General sobre actas de liquidación, imposición de sanciones e impugnaciones.

Paulatinamente se incorporarán al Servicio de Consulta y Firma de Notificaciones Telemáticas otras notificaciones de procedimientos relacionados con la TGSS.

Se ha de tener en cuenta además que:

  • La notificación se pondrá a disposición del interesado durante un plazo máximo de 10 días. Transcurrido dicho plazo sin haber accedido a la notificación, ésta se dará por efectuada.
  • La TGSS remitirá un correo electrónico avisando de la puesta en la SEDESS de una notificación telemática a la dirección que el trabajador autónomo haya facilitado. Puede comunicarla a través del Servicio de Comunicación de teléfono y correo electrónico de la SEDESS.
  • En caso de que el trabajador autónomo disponga de un autorizado RED, a éste también se le remitirá un aviso. El autorizado RED, al igual que el trabajador autónomo, podrá acceder y firmar la notificación electrónica.
  • También es posible que el trabajador autónomo nombre a un apoderado a efectos de la recepción de las Notificaciones Telemáticas. Para realizar este trámite el trabajador autónomo podrá acceder al Servicio de Registro Electrónico de Apoderamientos de la SEDESS.

Falsos autónomos

Ciclista por ciudad

¿Una fórmula para abaratar costes? La crisis económica financiera ha traído consigo la aparición de esta fórmula ilegal para disminuir los gastos sociales en las empresas. Los “falsos autónomos” no son más que sujetos que bajo la apariencia formal de trabajadores por cuenta propia, esconden una relación laboral por cuenta ajena.

Los denominados “falsos autónomos” han crecido de manera exponencial a la sombra de la larga crisis económico financiera que hemos padecido (y de alguna manera seguimos sufriendo) como una fórmula ilegal para abaratar costes de personal en las empresas.

¿Qué son los falsos autónomos?

Estos falsos autónomos son verdaderos trabajadores que, bajo la apariencia formal de trabajadores por cuenta propia, inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, esconden una verdadera relación laboral por cuenta ajena.

Se trata, en consecuencia, de una relación en claro fraude de ley, puesto que, bajo la apariencia legal de una prestación por cuenta propia o autónoma, esconde una verdadera y real relación laboral.

La pregunta que con carácter previo debemos formularnos es: ¿por qué las empresas acuden a estas fórmulas ilegales de contratación? A nuestro juicio, dos son las razones que llevan a las empresas a acudir a esta figura ilegal: la primera es el aparente abaratamiento de los costes sociales, la segunda la ignorancia por parte de las empresas de los riesgos y consecuencias que pueden derivarse de estas contrataciones ilegales.

Una mala decisión

Efectivamente, contratar con un falso autónomo supone; por una parte, mercantilizar una prestación a todas luces laboral, de forma que no solo abaratamos costes salariales al huir de la aplicación del convenio colectivo, sino que reducimos o eliminamos el coste de seguridad social, al ser el propio autónomo el que asume el coste de seguridad social (optando de forma mayoritaria por una base mínima que conlleva una cuota de seguridad social reducida).

Sin embargo, como ya hemos anticipado, existe otra razón que lleva a las empresas (sobre todo las de pequeña dimensión) a contratar a falsos autónomos, que no es otra que la ignorancia de las consecuencias que para las empresas conlleva que esa relación formalmente autónoma, acabe siendo declarada por los juzgados como laboral.

En efecto, las consecuencias derivadas de esta declaración no suelen ser valoradas por las empresas, pero pueden acarrear consecuencias funestas para las mismas, a saber:

  • Obligación de liquidar cuotas de Seguridad Social por el régimen general, con arreglo a las bases que realmente corresponda y que podría retrotraerse a los últimos cuatro años completos.
  • Asunción directa por la empresa de las consecuencias derivadas de un eventual accidente de trabajo, como pueden ser el recargo de prestaciones o la responsabilidad civil derivada del mismo.
  • Liquidación de diferencias salariales no prescritas.
  • Sanciones administrativas sin descartar acciones penales por un delito contra los trabajadores.

Supuestos en los que se ha declarado la existencia de falsos autónomos

Son múltiples los pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre la existencia de relación laboral en supuestos de falsos autónomos; por ejemplo, cobradores de recibos, arquitectos en ayuntamientos, vendedores de productos catalogados, directores de hotel, encuestadores, guías turísticos, limpiadoras en comunidades de propietarios, maquilladoras de televisión, técnicos de mantenimiento de maquinaria, profesores en academias… Ciertamente, la capacidad imaginativa para defraudar no tiene límites.

El caso de las denominadas plataformas digitales y la economía colaborativa

Recientemente, la prensa se ha hecho eco de la posible existencia de falsos autónomos en la denominada economía colaborativa y las plataformas digitales.

Un primer pronunciamiento, que pasó inadvertido, fue la Sentencia 902/2017 del Tribunal Supremo de 16-11-2017 (rec. 2806/2015).

En este caso, se trata de una empresa que suscribe acuerdos de colaboración con traductores e intérpretes con los que contacta vía telefónica. Así, cuando el cliente precisa de los servicios de un intérprete o traductor, el cliente llama por teléfono a una línea 902, que corresponde a la empresa, le participa la necesidad de un intérprete, el idioma que debe ser conocido y la hora aproximada en que debe personarse en las dependencias policiales o judiciales correspondientes. El personal de atención telefónica de la empresa, a través de una aplicación informática, localiza a los traductores e intérpretes más cercanos geográficamente al cliente, comprueba su currículum y se pone en contacto telefónico con él, informándole qué organismo necesita un intérprete y a qué hora. El traductor decide si acude o no a desarrollar los servicios y en caso de no aceptar el encargo, la empresa contacta con otro colaborador.

En caso afirmativo, el intérprete, que acude por sus propios medios, se dirige al cliente correspondiente de las dependencias que lo ha reclamado, comunicando su presencia, poniéndose a su disposición. Como contraprestación el traductor percibe su retribución dependiendo de cuantas actuaciones ha realizado ese mes.

El Tribunal Supremo lo tiene claro.

En su sentencia, el Tribunal Supremo nos recuerda los principales elementos o indicios de laboralidad y que resumimos a continuación:

  • La adopción por parte del empresario de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o con el público. Esto es, quién decide la forma de presentarse ante el cliente. Lo que el profesor Adrián Todolí ha venido en llamar la ajenidad en la marca.
  • Fijación de precios o tarifas. Es decir, el autónomo debe tener verdadera libertad de elegir el precio que paga el cliente. Si es un “o lo tomas o lo dejas” y el precio lo pone la empresa/plataforma, el trabajador es laboral.
  • El cálculo de la retribución con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada. Esto es, si el prestador de servicios cobra más por más servicios realizados es indicio de laboralidad, según el Supremo.
  • Inexistencia de estructura empresarial.

La sentencia entiende que: “Si bien no tiene un horario fijo, este viene impuesto por las necesidades de los organismos que solicitan a la empresa servicios de traducción e intérprete, fijando el día, hora y lugar al que el mismo ha de acudir. Aunque parece que el intérprete goza de gran libertad a la hora de acudir o no a prestar sus servicios, es lo cierto que, dada la relación establecida entre las partes, si no acude, corre el riesgo de que no se le vuelva a llamar”. Es decir, la libertad de horarios y jornada no es suficiente para ser autónomo, ni tampoco la posibilidad de rechazar encargos de la empresa. El Tribunal Supremo entiende que no desvirtúa la laboralidad de la relación la no prestación de servicios a tiempo completo, ni que no conste régimen de exclusividad.

Un caso paradigmático y de reciente actualidad es el de los repartidores de comida a domicilio en la plataforma «Deliveroo»

Efectivamente, nos referimos a la Sentencia del Juzgado de lo Social 6 de Valencia de fecha 1 de junio de 2018, que considera a un repartidor de comida a domicilio de la plataforma «Deliveroo» como trabajador por cuenta ajena y no como autónomo, que era la relación que aparentemente mantenía con la plataforma.

Los argumentos, siguiendo los comentarios del profesor Todolí, son los siguientes:

  1. De acuerdo con la sentencia el repartidor está controlado por GPS por la empresa, controlando además sus tiempos de reparto.
  2. La sentencia reconoce que la app y la página web son de «Deliveroo», por lo que el repartidor carece de estructura empresarial.
  3. El precio es fijado por la plataforma «Deliveroo».
  4. El repartidor desconoce qué restaurantes están apuntados a la app de «Deliveroo» en cada momento y desconoce si hay muchos o pocos pedidos a cada restaurante. Es la denominada ajenidad en la información que se configura como un indicio de laboralidad.
  5. Por último, la ajenidad en la marca, a la que anteriormente se ha hecho referencia.

Es cierto que la sentencia no es firme, y de hecho está recurrida, pero en consonancia con la sentencia del Tribunal Supremo anteriormente aludida, entendemos que será difícil que en instancias superiores se revoque.

Lo que no parece que tenga sentido es que a pesar de todos los riesgos que supone para la empresa acudir a estas fórmulas fraudulentas, se sigan utilizando las mismas de manera tan generalizada sin sopesar los riesgos y las consecuencias que ello puede conllevar.

Novedades Laborales de Presupuestos Generales del Estado 2018

Vamos a revisar las principales novedades en materia laboral que se han incluido en los presupuestos generales para el 2018

Modificaciones en el régimen especial de trabajadores autónomos (reta)

  • Aplaza la entrada en vigor de algunos preceptos de la Ley 20/2007 del Estatuto del trabajo autónomo, en todo lo relativo a los trabajadores por cuenta propia que ejerzan su actividad a tiempo parcial, sin concretar ninguna fecha.
  • Desde el 1 de agosto de 2018, la base mínima de cotización será del 932,70 euros mensuales, que supone un incremento del 1,4%. Hasta el 31 de julio es de 919,80 €/mensuales. Las bases de cotización mínima y máxima que pueden elegirse en función de la edad también se incrementan en el mismo porcentaje. La base máxima queda establecida en 3.803,70 €/mes (hasta 31-07-2018: 3.751,20 €/mensuales).
  • Se mantiene en 1.199,10 € la base mínima del autónomo societario y del autónomo con 10 o más trabajadores.
  • En el Sistema Especial de Trabajadores por cuenta propia agrarios se establece, desde el 1 de agosto de 2018, un tipo de cotización del 18,75 % aplicable a las contingencias de cobertura obligatoria, cuando el trabajador haya optado por una base de cotización de entre 932,70 €/mes y 1.119,30 €/mes. Si el trabajador hubiera optado por elegir una base de cotización superior a 1.119,30 €/mensuales, a la cuantía que exceda de ésta última le será de aplicación el tipo de cotización del 26,50%.
  • También establece una regulación específica de las reducciones en las cuotas de la Seguridad Social (“tarifa plana”) de las personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo que se establezcan como trabajadores por cuenta propia o autónomos que residan y desarrollen su actividad en un municipio con menos de 5.000 habitantes, que además implica una ampliación de su duración.

Ayudas para fomentar el empleo

  • Se establece una nueva ayuda económica de acompañamiento para jóvenes con baja formación, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje. El pago periódico de la ayuda económica se realizará por el Servicio Público de Empleo Estatal. Entrará en vigor el mes de agosto de 2018, y se extenderá mientras esté vigente la Iniciativa de Empleo Juvenil.
  • Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que conviertan en indefinidos a jornada completa los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes beneficiarios de la nueva ayuda económica de acompañamiento, bien a la finalización de su duración inicial, o bien a la finalización de cada una de las sucesivas prórrogas, hasta alcanzar la duración máxima legalmente prevista para este tipo de contratos, tendrán derecho a una bonificación en las cuotas empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social de 250 € mensuales (3.000 €/año), durante un período de 3 años. Podrán ser también beneficiarios los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas y sociedades laborales, así como las empresas de inserción que conviertan en indefinidos los mencionados contratos cuando estén celebrados con trabajadores en situación de exclusión social.
  • Con la finalidad de incentivar el empleo autónomo en municipios pequeños, regula de forma específica las reducciones en las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos (“tarifa plana”) que residan y desarrollen su actividad en un municipio con menos de 5.000 habitantes, con efectos desde 1 de agosto de 2018.
  • Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores en el RETA, tendrán derecho a una reducción en la cotización por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, que quedará fijada en la cuantía de 50 euros mensuales durante los 24 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, en el caso de que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda.
  • Alternativamente, los que optasen por una base de cotización superior a la mínima que les corresponda, podrán aplicarse durante los 24 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción del 80 % sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal.

Otras medidas

  • La duración del permiso de paternidad será de 5 semanas a partir del 05/07/2018, y se disfrutará de forma ininterrumpida salvo la última semana del período total a que se tenga derecho, que, previo acuerdo entre empresario y trabajador, podrá disfrutarse de forma independiente en otro momento dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa.
  • La Ley 6/2018 de PGE establece las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, FOGASA y FP que son de aplicación a partir del 1 de agosto de 2018. En general, mantiene las mismas bases y tipos de cotización que estableció la Orden ESS/55/2018, pero con las siguientes novedades:
  • El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los regímenes de la Seguridad Social queda establecido en 3.803,70 €/mensuales desde 01/08/2018, que supone un incremento del 1,4%.
  • Las bases máximas de cotización del Régimen General, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, serán a partir del 01-08-2018 de 3.803,70 € mensuales o de 126,79 € diarios (+ 1,4%).
  • En el Sistema Especial para Empleados de Hogar, las retribuciones mensuales y las bases de cotización de la escala se actualizarán hasta el año 2023 en idéntica proporción al incremento que experimente el SMI. Será a partir de 2024 cuando las bases por cotización comunes y profesionales se determinarán con las mimas reglas del Régimen General, sin que la cotización pueda ser inferior a la base mínima que se establezca legalmente.
  • Se mantienen las cuantías del IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples.

Nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales y consecuencias

Dentro del poder de dirección que ostenta el empresario, tiene a su disposición la posibilidad de despedir al trabajador, bien sea por causas objetivas o bien por motivos disciplinarios. Ambas posibilidades se regulan en los artículos 52 y 54 del Estatuto de los Trabajadores.

Nulidad del despido

Frente a la adopción por parte del empresario de estas decisiones extintivas, el trabajador puede reaccionar impugnando judicialmente el despido, que, tras el trámite procesal correspondiente, será declarado como procedente, improcedente o nulo.

El Estatuto de los Trabajadores se encarga de determinar cuándo un despido, sea disciplinario u objetivo, será declarado nulo y en este sentido se concreta que será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:

  • Durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural a que se refieren los artículos 45.1.d) y e) o por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.
  • El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los artículos 37.4, 5 y 6, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones reconocidos en esta ley.
  • Después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción, delegación de guarda, acogimiento, o paternidad a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción, delegación de guarda o acogimiento del hijo o del menor.

Otras consideraciones

Queda claro que la nulidad contemplada en las letras anteriores, será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados.

Sin perjuicio de lo dicho en los apartados anteriores y en relación al despido objetivo tenemos que hacer algunas consideraciones.

  1. En contra de lo que ocurría con la normativa anterior, la falta de puesta a disposición de la indemnización de 20 días por año trabajado en los casos de despidos objetivos ya no acarrea la nulidad del despido, sino su improcedencia.
  2. La falta de preaviso de 15 días en los despidos objetivos, no determina la nulidad, ni siquiera la improcedencia del despido, debiendo, en este caso, la empresa abonar una indemnización equivalente al preaviso no ofrecido.
  3. El error excusable en el cálculo de la indemnización no determinará la nulidad ni la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonar la indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que procedan, pero cuidado, para que no se determine la improcedencia, el error en el cálculo de la indemnización debe ser excusable, de no ser así, el despido se calificará como improcedente.

Un supuesto conflictivo. El despido de trabajadores que se encuentran en situación de Incapacidad temporal

En diciembre de 2016, una Sentencia del TJUE en respuesta a una cuestión prejudicial elevada por el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona, pareció abrir la puerta a una eventual causa de nulidad de los despidos realizados mientras el trabajador se encuentra en situación de Incapacidad Temporal.

Esta posibilidad vinculada a que la enfermedad que padeciera el trabajador en el momento del despido supusiera una limitación de carácter duradero.

En términos generales, podemos afirmar que, el despido de un trabajador en situación de Incapacidad Temporal, no supone automáticamente la nulidad del despido, que sólo podrá estimarse cuando la baja del trabajador suponga una limitación de carácter duradero y así lo ha reconocido la STSJ Cataluña de 12 de junio de 2017 de esta manera podemos concluir que:

Si bien es cierto que el despido de un trabajador que padece una Incapacidad Temporal no determina automáticamente la nulidad del despido, ésta podrá declararse cuando se trate de una Incapacidad Temporal que en el momento del despido pueda ser considerada como duradera y cuya reversibilidad sea incierta y lo suficientemente prolongada en el tiempo, lo que excluiría, en principio los procesos de Incapacidad Temporal leves y en consecuencia no prolongados en el tiempo.

Consecuencias de la nulidad del despido

El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir e igualmente, en caso de que exista vulneración de derechos fundamentales, el trabajador podrá solicitar una indemnización adicional por daños y perjuicios derivados de la lesión del derecho fundamental vulnerado. Así se desprende del artículo 183 de la Ley de Jurisdicción Social cuando establece que, ante la existencia de vulneración de derechos fundamentales reconocida en la sentencia, el juez se pronunciará sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso le corresponda al trabajador por haber sufrido la lesión de un derecho fundamental.

La indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales

En caso de vulneración de derechos fundamentales el trabajador tendrá derecho a ser compensado con una indemnización derivada de la vulneración del derecho fundamental alegado. Hasta la fecha la obtención de esta indemnización resultaba sumamente complicada dado que debían acreditarse los daños y perjuicio padecidos. Sin embargo, en una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha establecido una doctrina que facilita el acceso a la indemnización a la que se refiere el artículo 183 de la Ley de Jurisdicción Social.

Establece esta sentencia, que en el momento en que la sentencia declare la existencia de vulneración de un derecho fundamental, el juez debe pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda al trabajador por haber sufrido una lesión en sus derechos fundamentales en función del daño moral unido a la vulneración de un derecho fundamental. En estos supuestos, cuando el trabajador, como suele ser frecuente, no pueda probar la cuantificación concreta del daño, podrá aplicarse de manera analógica los baremos sancionadores contenidos en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social que actuará como parámetro orientador.

Programa de autoempleo para desempleados de larga duración

Programas

Las ayudas contempladas en esta convocatoria integrada en el Programa de Subvenciones para el Fomento del Autoempleo –cuota cero- para personas desempleadas de larga duración, se estructura en dos subprogramas:

  • Subprograma 1: Ayuda al establecimiento del trabajador por cuenta propia.
  • Subprograma 2: Ayuda al mantenimiento de la actividad, mediante financiación del pago de cuotas a la seguridad social del régimen especial de trabajadores por cuenta propia.

Plazo solicitudes

La convocatoria se encontrará abierto desde el día 09/03/2018 hasta el 15/10/2018.

Para el subprograma 1, las solicitudes se deberán presentar, tras la solicitud de alta en el RETA y hasta el último día del mes siguiente, con el límite del 15/10/2018. Se admitirán las solicitudes de subvención de las altas en el RETA producidas durante el mes de Enero de 2018, y siempre que estas se presenten durante el mes en el que se publique el extracto de esta convocatoria.

Para el subprograma 2, las solicitudes deben ir referidas a un período mínimo acumulado de cuotas devengadas y satisfechas de 3 meses consecutivos por lo que, de no cumplir dicho requisito, se inadmitirán a trámite, a excepción de las que se refieran a cuotas del último y/o penúltimo mes del período general de la convocatoria que sí se admitirán a trámite. Serán subvencionables las cuotas devengadas y pagadas a partir del mes de octubre de 2017 y siempre que no hubiesen sido subvencionadas en la convocatoria anterior, y siendo el último mes a subvencionar las cuotas devengadas y pagadas correspondiente al mes de septiembre de 2018.

Beneficiarios

las personas desempleadas de larga duración que dispongan de un acuerdo personal de empleo entre el usuario y el servicio público de empleo o entidad colaboradora, basada en un itinerario personalizado de inserción y por consiguiente incluido en el Programa de Acción Conjunta para Desempleados de Larga Duración. Cada persona desempleada de larga duración deberá tener asignada un tutor.

La actividad de fomento del empleo (autoempleo) que se pretende subvencionar debe venir recogida previamente en el itinerario personalizado realizado por el tutor que se le hubiera asignado.

Requisitos específicos

  1. Desarrollar la actividad económica en la Región de Murcia.
  2. En la fecha inmediatamente anterior a la de presentación de la solicitud de alta en el RETA, estar inscrito en la correspondiente oficina de empleo como desempleado de larga duración. Esta situación debe estar reflejada en el historial de la demanda de empleo del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), según los criterios establecidos a estos efectos por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) dentro del Programa de Acción Conjunta para Desempleados de Larga Duración.
  3. Estar dado de alta en el Censo del Impuesto de Actividades Económicas, o en su caso, la comunidad de bienes (CB) o la sociedad civil profesional (SCP) a la que pertenezcan.
  4. Causar alta en el RETA para el desarrollo de la citada actividad económica, que constituye el hecho subvencionable.
  5. En el caso del subprograma 2, además haber satisfecho las cuotas del RETA cuya subvención se solicita, con anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención. En este caso, no será necesario acreditar el requisito 2, cuando el solicitante de la subvención hubiese obtenido cualquiera de las subvenciones reguladas en esta convocatoria y por la misma solicitud de alta en el RETA.

Exclusiones

No tendrán derecho a obtener subvención aquellos solicitantes en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Haber estado dado de alta en el RETA en los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de alta en dicho régimen por la que se solicita la subvención, excepto en los casos de alta como autónomo colaborador.
  • Formas societarias. Integración del trabajador autónomo en cualquier forma societaria (socios de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales), exceptuándose las comunidades de bienes o las sociedades civiles profesionales (SCP) constituidas al amparo de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales (deben haberse acogido a dicha Ley en el acuerdo de voluntades o en la escritura de constitución), siempre que mantengan la responsabilidad solidaria e ilimitada dentro de ellas y siempre que la subvención se solicite a título personal.
  • Discontinuidad de la actividad. No desarrollar el trabajador autónomo una actividad económica con carácter continuo. Por tanto, quedan excluidas todas aquellas actividades que sean de temporada.
  • No ser titular de la actividad económica. No ser el solicitante titular de la actividad económica, bien por ser “autónomo colaborador”, bien por ser gerente o administrador de una sociedad mercantil, o pariente de éste, en los términos exigidos por la normativa de Seguridad Social.
  • Haber obtenido del SEF o de cualquier otra Administración u organismo público subvenciones en los cuatro años naturales anteriores al del alta por el que se solicita la subvención, para el establecimiento de trabajadores autónomos o Subvención o al mantenimiento de la actividad, mediante financiación del pago de cuotas a la seguridad social del Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos.

Hechos subvencionables

La realización de una actividad económica en la Región de Murcia por cuenta propia desarrollada a tiempo completo, que conlleve la obligación de alta en el RETA, cuando concurran los requisitos para ser beneficiario establecidos más adelante, y además, en el caso de la subvención del subprograma 2, la acreditación del pago de las cuotas del RETA correspondientes.

Cuantía

Para el subprograma 1: Como apoyo al inicio de la actividad, consistente en la concesión de una cantidad a tanto alzado, por las siguientes cuantías máximas:

  • Con carácter general, hasta 2.000 euros.
  • Si el beneficiario es mujer, hasta 2.500 euros.
  • Si el beneficiario es una persona con discapacidad, se encuentra en riesgo de exclusión social o es víctima de violencia de género o de terrorismo, hasta 3.500 euros.

Para el subprograma 2: Mediante esta Subvención se prevé subvencionar las cuotas abonadas a la seguridad social. El periodo máximo a subvencionar será de dos años contados a partir de la fecha de efectos del alta en el RETA.

El importe de esta subvención se obtendrá de la forma siguiente:

  • Del 1º al 12º mes: Cuota abonada por el autónomo a la Seguridad Social por contingencias comunes + IT de la base mínima de cotización.
  • Del 13º al 24º mes: Cuota abonada por el autónomo a la Seguridad Social por contingencias comunes + IT de la base mínima de cotización – (menos) 50 euros.

La subvención se calculará sobre la cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, de la base mínima de cotización.

El importe máximo a obtener por un beneficiario de las ayudas reguladas en esta orden será de 10.000 €.