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Nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales y consecuencias

Despido

Dentro del poder de dirección que ostenta el empresario, tiene a su disposición la posibilidad de despedir al trabajador, bien sea por causas objetivas o bien por motivos disciplinarios. Ambas posibilidades se regulan en los artículos 52 y 54 del Estatuto de los Trabajadores.

Nulidad del despido

Frente a la adopción por parte del empresario de estas decisiones extintivas, el trabajador puede reaccionar impugnando judicialmente el despido, que, tras el trámite procesal correspondiente, será declarado como procedente, improcedente o nulo.

El Estatuto de los Trabajadores se encarga de determinar cuándo un despido, sea disciplinario u objetivo, será declarado nulo y en este sentido se concreta que será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:

  • Durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural a que se refieren los artículos 45.1.d) y e) o por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.
  • El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los artículos 37.4, 5 y 6, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones reconocidos en esta ley.
  • Después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción, delegación de guarda, acogimiento, o paternidad a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción, delegación de guarda o acogimiento del hijo o del menor.

Otras consideraciones

Queda claro que la nulidad contemplada en las letras anteriores, será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados.

Sin perjuicio de lo dicho en los apartados anteriores y en relación al despido objetivo tenemos que hacer algunas consideraciones.

  1. En contra de lo que ocurría con la normativa anterior, la falta de puesta a disposición de la indemnización de 20 días por año trabajado en los casos de despidos objetivos ya no acarrea la nulidad del despido, sino su improcedencia.
  2. La falta de preaviso de 15 días en los despidos objetivos, no determina la nulidad, ni siquiera la improcedencia del despido, debiendo, en este caso, la empresa abonar una indemnización equivalente al preaviso no ofrecido.
  3. El error excusable en el cálculo de la indemnización no determinará la nulidad ni la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonar la indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que procedan, pero cuidado, para que no se determine la improcedencia, el error en el cálculo de la indemnización debe ser excusable, de no ser así, el despido se calificará como improcedente.

Un supuesto conflictivo. El despido de trabajadores que se encuentran en situación de Incapacidad temporal

En diciembre de 2016, una Sentencia del TJUE en respuesta a una cuestión prejudicial elevada por el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona, pareció abrir la puerta a una eventual causa de nulidad de los despidos realizados mientras el trabajador se encuentra en situación de Incapacidad Temporal.

Esta posibilidad vinculada a que la enfermedad que padeciera el trabajador en el momento del despido supusiera una limitación de carácter duradero.

En términos generales, podemos afirmar que, el despido de un trabajador en situación de Incapacidad Temporal, no supone automáticamente la nulidad del despido, que sólo podrá estimarse cuando la baja del trabajador suponga una limitación de carácter duradero y así lo ha reconocido la STSJ Cataluña de 12 de junio de 2017 de esta manera podemos concluir que:

Si bien es cierto que el despido de un trabajador que padece una Incapacidad Temporal no determina automáticamente la nulidad del despido, ésta podrá declararse cuando se trate de una Incapacidad Temporal que en el momento del despido pueda ser considerada como duradera y cuya reversibilidad sea incierta y lo suficientemente prolongada en el tiempo, lo que excluiría, en principio los procesos de Incapacidad Temporal leves y en consecuencia no prolongados en el tiempo.

Consecuencias de la nulidad del despido

El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir e igualmente, en caso de que exista vulneración de derechos fundamentales, el trabajador podrá solicitar una indemnización adicional por daños y perjuicios derivados de la lesión del derecho fundamental vulnerado. Así se desprende del artículo 183 de la Ley de Jurisdicción Social cuando establece que, ante la existencia de vulneración de derechos fundamentales reconocida en la sentencia, el juez se pronunciará sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso le corresponda al trabajador por haber sufrido la lesión de un derecho fundamental.

La indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales

En caso de vulneración de derechos fundamentales el trabajador tendrá derecho a ser compensado con una indemnización derivada de la vulneración del derecho fundamental alegado. Hasta la fecha la obtención de esta indemnización resultaba sumamente complicada dado que debían acreditarse los daños y perjuicio padecidos. Sin embargo, en una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha establecido una doctrina que facilita el acceso a la indemnización a la que se refiere el artículo 183 de la Ley de Jurisdicción Social.

Establece esta sentencia, que en el momento en que la sentencia declare la existencia de vulneración de un derecho fundamental, el juez debe pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda al trabajador por haber sufrido una lesión en sus derechos fundamentales en función del daño moral unido a la vulneración de un derecho fundamental. En estos supuestos, cuando el trabajador, como suele ser frecuente, no pueda probar la cuantificación concreta del daño, podrá aplicarse de manera analógica los baremos sancionadores contenidos en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social que actuará como parámetro orientador.

Compliance: Imputado el Club Atlético Osasuna como persona jurídica

Osasuna

Compliance.

Muchas veces hemos hablado de la necesidad de tener un plan de compliance realizado en nuestras empresas y sobre todo de implementarlas correctamente. Ahora nos encontramos con un caso claro de que nos hubieramos evitado si hubieramos implementado correctamente un plan de compliance.

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha estimado el recurso interpuesto por el fiscal y ha revocado la decisión de la jueza instructora de rechazar la imputación de Osasuna en la causa abierta tras la querella del Gobierno de Navarra por un delito fiscal.

Falta de control.

El Osasuna queda imputado como persona jurídica por las cuotas de IVA y de IRPF supuestamente no declaradas en los ejercicios fiscales de 2011, 2012 y 2013, al considerar la Audiencia de Navarra que no existían dentro del club medidas adecuadas de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Se trata, por tanto, “de conductas previsibles y exigibles dentro de un ámbito derivado de la propia actividad del club, en la que por tanto es previsible su existencia y por tanto es exigible su constatación y realidad”.

Por ello, se revela una ausencia de un debido control sobre una obligación ordinaria de naturaleza tributaria, que “impide concluir en la ausencia de indicios de responsabilidad criminal por la existencia de unas medidas adecuadas de control”.

Ciertamente, apunta el tribunal, existe un dato que la juez instructora calificó como “más relevante”, como era el hecho de que anualmente el Departamento de Economía y Hacienda, órgano externo independiente de Osasuna, hacía constar que, “comprobados los datos”, el club se encontraba “al corriente de sus obligaciones fiscales”.

La obligación de evitar la ilegalidad.

Por último, según destaca el tribunal, el hecho de que las cantidades presuntamente defraudadas se hayan puesto de manifiesto como consecuencia de la auditoría llevada a cabo por parte de Osasuna no determina la eliminación de la responsabilidad criminal.

Así lo determina al considerar que no es un mecanismo de control establecido con anterioridad sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias sino posteriormente, lo que en su caso podría considerarse como una posible circunstancia atenuante de la responsabilidad.

El Tribunal Supremo establece que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de la plantilla

Sentencia núm. 246/2017 de 23 de marzo.

El Pleno de la Sala de lo Social señala que sólo deben llevar un registro de horas extras realizadas, de acuerdo a la interpretación que realizan de lo fijado en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores.

El Pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y horarios pactados, y sólo deben llevar un registro de horas extras realizadas, de acuerdo a la interpretación que realizan de lo fijado en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores.

El Supremo estima así un recurso de Bankia contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de noviembre de 2014, que condenaba a dicho banco, atendiendo una demanda de los sindicatos, a establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva que realiza su plantilla. El alto tribunal sí mantiene, ya que no fue impugnada por Bankia, la parte del fallo de la Audiencia Nacional que determinó que la empresa debía proceder a dar traslado a la representación legal de los trabajadores de la información sobre las horas extras realizadas en cómputo mensual.

El Supremo admite que “convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias”, pero “esa obligación no existe por ahora y los Tribunales no pueden suplir al legislador imponiendo a la empresa el establecimiento de un complicado sistema de control horario, mediante una condena genérica, que obligará, necesariamente, a negociar con los sindicatos el sistema a implantar, por cuanto, no se trata, simplemente, de registrar la entrada y salida, sino el desarrollo de la jornada efectiva de trabajo con las múltiples variantes que supone la existencia de distintas jornadas, el trabajo fuera del centro de trabajo y, en su caso, la distribución irregular de la jornada a lo largo del año, cuando se pacte”.

El Supremo rechaza “llevar a cabo una interpretación extensiva del art. 35-5 del ET imponiendo obligaciones que limitan un derecho como el establecido en el artículo 28-3 del citado texto legal y el principio de libertad de empresa que deriva del artículo 38 de la Constitución y ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional como imprescindible para la buena marcha de la actividad productiva (S. 170/2013)”.

La sentencia explica que “la falta de llevanza, o incorrecta llevanza del registro, no se tipifica por la norma como infracción de forma evidente y terminante, lo que obliga a una interpretación restrictiva y no extensiva de una norma sancionadora como la contenida en el artículo 7-5 del RDL 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, norma cuya naturaleza sancionadora impide una interpretación extensiva del art. 35-5 del ET, pues es principio de derecho el de la interpretación restrictiva de las normas limitadoras de derechos y de las sancionadoras. Además, tampoco se tipifica como falta la no llevanza del registro que nos ocupa y no informar a los trabajadores sobre las horas realizadas en jornadas especiales o incumplir obligaciones meramente formales o documentales constituye, solamente, una falta leve, en los supuestos previstos en el art. 6, números 5 y 6 del Real Decreto Legislativo citado”.

Añade que la solución dada “no deja indefenso al trabajador a la hora de probar la realización de horas extraordinarias, pues a final de mes la empresa le notificará el número de horas extras realizadas, o su no realización, lo que le permitirá reclamar frente a esa comunicación y a la hora de probar las horas extraordinarias realizadas tendrá a su favor del artículo 217-6 de la LEC, norma que no permite presumir la realización de horas extras cuando no se lleva su registro, pero que juega en contra de quien no lo lleva cuando el trabajador prueba que si las realizó”.

La sentencia cuenta con tres votos particulares, firmados por 5 de los 13 magistrados que la suscriben, partidarias de desestimar el recurso de Bankia y de confirmar el fallo de la Audiencia Nacional.

Fuente: Comunicación Poder Judicial

Reclamación cláusula suelo y gastos de constitución de hipoteca

Cláusula suelo

Entre los servicios que presta nuestro DEPARTAMENTO JURÍDICO se encuentra el de reclamación de diversas cláusulas abusivas incluidas en contratos de productos bancarios y que seguramente habrá tenido oportunidad de escuchar en los medios de comunicación dados los últimos pronunciamientos judiciales. Existe la posibilidad de reclamar por:

  • Cláusula suelo en contratos de préstamo hipotecario.
  • Gastos de constitución de hipoteca.
  • Redondeos al alza en el cálculo de intereses.
  • Vencimiento anticipado por falta de pago del préstamo hipotecario.
  • Intereses de demora abusivos.
  • Gastos derivados del incumplimiento del pago por el prestatario en lo referente a la atribución del pago de todas las costas procesales (abogado y procurador).
  • Imputación al cliente de los gastos procesales (abogado y procurador) cuando no sea necesario.
  • Oposiciones en desahucios de vivienda por falta de pago cuando existan estas cláusulas.

Reclamación cláusula suelo

La denominada CLÁUSULA SUELO establece un límite mínimo al interés a aplicar en la cuota aunque el tipo de interés descienda de un determinado porcentaje pese a haber firmado una hipoteca de interés variable, beneficiándose de ello la entidad bancaria. La tendencia en los últimos años del EURIBOR ha sido a la baja y por lo tanto ha entrado en juego dicha cláusula por lo que el hipotecado ha pagado más intereses de lo que le corresponde.

La reclamación de dicha cláusula puede suponer una cantidad importante de dinero. La forma de reclamarla es iniciando un procedimiento de reclamación extrajudicial contra la entidad financiera y si fracasa acudir al juzgado mediante la correspondiente demanda. En caso de que se declare nula por el juzgado se condenará también a dicha entidad a la devolución de intereses.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de mayo de 2013 estableció que la cláusula suelo era abusiva por falta de transparencia y por tanto nula en los contratos de préstamo con interés variable, por lo que procedía la devolución de intereses pero desde la fecha de publicación de dicha sentencia.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido en sentencia de 21 de diciembre de 2016 la retroactividad total de lo indebidamente abonado al banco por lo que se incrementa de forma importante la cantidad a devolver.

Gastos de constitución de hipoteca

Respecto de los gastos de constitución de hipoteca, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en Sentencia nº 705/2015 de 23 de diciembre en la que declarando abusiva la cláusula en la que el BBVA impone a la persona que adquiere la vivienda (prestatario) el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo hipotecario. A partir de dicha sentencia se abre la vía para reclamar tanto gastos notariales, registrales, tasación e impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Respecto de estos últimos (AJD) existe cierta controversia dado que pese al pronunciamiento del Tribunal Supremo hay que tener en cuenta el artículo 68 del RD 828/1995, de 29 de mayo, sobre el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados pues determina que será sujeto pasivo el adquiriente del bien y que cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquiriente al prestatario (el que recibe el préstamo). Por ello, hay que mantener la prudencia respecto de la reclamación de este último hasta que exista jurisprudencia que ponga fin a la controversia.

Estamos a su disposición para ayudarle a identificar si su hipoteca posee dicha cláusula y las posibilidades de reclamación, siendo dicha consulta sin coste.

Duro golpe a las valoraciones inmobiliarias de las Administraciones Públicas

El Tribunal Supremo en una sentencia de 18 de enero ha echado por tierra una de las prácticas más habituales de la Administración tributaria: la de comprobar valores con el fin de intentar exigir a los contribuyentes el pago de unos impuestos más altos.

La práctica

En el ejercicio de sus funciones de control y revisión, en numerosas ocasiones Hacienda ha modificado al alza el valor asignado por el contribuyente a una operación inmobiliaria, como por ejemplo la compraventa de un inmueble.

Para ello, la Administración tiene a sus propios peritos que se encargan de realizar una nueva valoración y que, según el Tribunal Supremo, se está realizando bajo unos criterios poco realistas.

La sentencia.

El Supremo ha asestado un duro golpe al método de dictamen de peritos que usa la Administración Tributaria contemplado en el artículo 57.1.e de la Ley General Tributaria 58/2003, que se basa en tasar los inmuebles basándose solamente en los precios de mercado o en los valores catastrales.

Este sistema ni siquiera lleva aparejada una visita física del perito al inmueble, por lo que no tenía en cuenta aspectos tan importantes como el estado de conservación o las calidades de edificación o la situación del inmueble.

En su sentencia condena esta práctica y prepara el camino para que se anulen las liquidaciones dictadas usando este método de valoración. En concreto, el Alto Tribunal cree que esta valoración pericial no cumple los criterios necesarios para ser una valoración singular, genérica y objetiva.

Conclusión

La Administración deberá razonar la aplicación de los precios medios de mercado, o del valor catastral, lo que en la mayoría de los casos le obligará a una inspección personal del bien a comprar. De hecho, el Supremo entiende que es imprescindible la visita del perito al inmueble.