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El Tribunal Supremo establece que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de la plantilla

Sentencia núm. 246/2017 de 23 de marzo.

El Pleno de la Sala de lo Social señala que sólo deben llevar un registro de horas extras realizadas, de acuerdo a la interpretación que realizan de lo fijado en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores.

El Pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y horarios pactados, y sólo deben llevar un registro de horas extras realizadas, de acuerdo a la interpretación que realizan de lo fijado en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores.

El Supremo estima así un recurso de Bankia contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de noviembre de 2014, que condenaba a dicho banco, atendiendo una demanda de los sindicatos, a establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva que realiza su plantilla. El alto tribunal sí mantiene, ya que no fue impugnada por Bankia, la parte del fallo de la Audiencia Nacional que determinó que la empresa debía proceder a dar traslado a la representación legal de los trabajadores de la información sobre las horas extras realizadas en cómputo mensual.

El Supremo admite que “convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias”, pero “esa obligación no existe por ahora y los Tribunales no pueden suplir al legislador imponiendo a la empresa el establecimiento de un complicado sistema de control horario, mediante una condena genérica, que obligará, necesariamente, a negociar con los sindicatos el sistema a implantar, por cuanto, no se trata, simplemente, de registrar la entrada y salida, sino el desarrollo de la jornada efectiva de trabajo con las múltiples variantes que supone la existencia de distintas jornadas, el trabajo fuera del centro de trabajo y, en su caso, la distribución irregular de la jornada a lo largo del año, cuando se pacte”.

El Supremo rechaza “llevar a cabo una interpretación extensiva del art. 35-5 del ET imponiendo obligaciones que limitan un derecho como el establecido en el artículo 28-3 del citado texto legal y el principio de libertad de empresa que deriva del artículo 38 de la Constitución y ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional como imprescindible para la buena marcha de la actividad productiva (S. 170/2013)”.

La sentencia explica que “la falta de llevanza, o incorrecta llevanza del registro, no se tipifica por la norma como infracción de forma evidente y terminante, lo que obliga a una interpretación restrictiva y no extensiva de una norma sancionadora como la contenida en el artículo 7-5 del RDL 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, norma cuya naturaleza sancionadora impide una interpretación extensiva del art. 35-5 del ET, pues es principio de derecho el de la interpretación restrictiva de las normas limitadoras de derechos y de las sancionadoras. Además, tampoco se tipifica como falta la no llevanza del registro que nos ocupa y no informar a los trabajadores sobre las horas realizadas en jornadas especiales o incumplir obligaciones meramente formales o documentales constituye, solamente, una falta leve, en los supuestos previstos en el art. 6, números 5 y 6 del Real Decreto Legislativo citado”.

Añade que la solución dada “no deja indefenso al trabajador a la hora de probar la realización de horas extraordinarias, pues a final de mes la empresa le notificará el número de horas extras realizadas, o su no realización, lo que le permitirá reclamar frente a esa comunicación y a la hora de probar las horas extraordinarias realizadas tendrá a su favor del artículo 217-6 de la LEC, norma que no permite presumir la realización de horas extras cuando no se lleva su registro, pero que juega en contra de quien no lo lleva cuando el trabajador prueba que si las realizó”.

La sentencia cuenta con tres votos particulares, firmados por 5 de los 13 magistrados que la suscriben, partidarias de desestimar el recurso de Bankia y de confirmar el fallo de la Audiencia Nacional.

Fuente: Comunicación Poder Judicial

Reclamación cláusula suelo y gastos de constitución de hipoteca

Cláusula suelo

Entre los servicios que presta nuestro DEPARTAMENTO JURÍDICO se encuentra el de reclamación de diversas cláusulas abusivas incluidas en contratos de productos bancarios y que seguramente habrá tenido oportunidad de escuchar en los medios de comunicación dados los últimos pronunciamientos judiciales. Existe la posibilidad de reclamar por:

  • Cláusula suelo en contratos de préstamo hipotecario.
  • Gastos de constitución de hipoteca.
  • Redondeos al alza en el cálculo de intereses.
  • Vencimiento anticipado por falta de pago del préstamo hipotecario.
  • Intereses de demora abusivos.
  • Gastos derivados del incumplimiento del pago por el prestatario en lo referente a la atribución del pago de todas las costas procesales (abogado y procurador).
  • Imputación al cliente de los gastos procesales (abogado y procurador) cuando no sea necesario.
  • Oposiciones en desahucios de vivienda por falta de pago cuando existan estas cláusulas.

Reclamación cláusula suelo

La denominada CLÁUSULA SUELO establece un límite mínimo al interés a aplicar en la cuota aunque el tipo de interés descienda de un determinado porcentaje pese a haber firmado una hipoteca de interés variable, beneficiándose de ello la entidad bancaria. La tendencia en los últimos años del EURIBOR ha sido a la baja y por lo tanto ha entrado en juego dicha cláusula por lo que el hipotecado ha pagado más intereses de lo que le corresponde.

La reclamación de dicha cláusula puede suponer una cantidad importante de dinero. La forma de reclamarla es iniciando un procedimiento de reclamación extrajudicial contra la entidad financiera y si fracasa acudir al juzgado mediante la correspondiente demanda. En caso de que se declare nula por el juzgado se condenará también a dicha entidad a la devolución de intereses.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de mayo de 2013 estableció que la cláusula suelo era abusiva por falta de transparencia y por tanto nula en los contratos de préstamo con interés variable, por lo que procedía la devolución de intereses pero desde la fecha de publicación de dicha sentencia.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido en sentencia de 21 de diciembre de 2016 la retroactividad total de lo indebidamente abonado al banco por lo que se incrementa de forma importante la cantidad a devolver.

Gastos de constitución de hipoteca

Respecto de los gastos de constitución de hipoteca, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en Sentencia nº 705/2015 de 23 de diciembre en la que declarando abusiva la cláusula en la que el BBVA impone a la persona que adquiere la vivienda (prestatario) el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo hipotecario. A partir de dicha sentencia se abre la vía para reclamar tanto gastos notariales, registrales, tasación e impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Respecto de estos últimos (AJD) existe cierta controversia dado que pese al pronunciamiento del Tribunal Supremo hay que tener en cuenta el artículo 68 del RD 828/1995, de 29 de mayo, sobre el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados pues determina que será sujeto pasivo el adquiriente del bien y que cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquiriente al prestatario (el que recibe el préstamo). Por ello, hay que mantener la prudencia respecto de la reclamación de este último hasta que exista jurisprudencia que ponga fin a la controversia.

Estamos a su disposición para ayudarle a identificar si su hipoteca posee dicha cláusula y las posibilidades de reclamación, siendo dicha consulta sin coste.

Duro golpe a las valoraciones inmobiliarias de las Administraciones Públicas

El Tribunal Supremo en una sentencia de 18 de enero ha echado por tierra una de las prácticas más habituales de la Administración tributaria: la de comprobar valores con el fin de intentar exigir a los contribuyentes el pago de unos impuestos más altos.

La práctica

En el ejercicio de sus funciones de control y revisión, en numerosas ocasiones Hacienda ha modificado al alza el valor asignado por el contribuyente a una operación inmobiliaria, como por ejemplo la compraventa de un inmueble.

Para ello, la Administración tiene a sus propios peritos que se encargan de realizar una nueva valoración y que, según el Tribunal Supremo, se está realizando bajo unos criterios poco realistas.

La sentencia.

El Supremo ha asestado un duro golpe al método de dictamen de peritos que usa la Administración Tributaria contemplado en el artículo 57.1.e de la Ley General Tributaria 58/2003, que se basa en tasar los inmuebles basándose solamente en los precios de mercado o en los valores catastrales.

Este sistema ni siquiera lleva aparejada una visita física del perito al inmueble, por lo que no tenía en cuenta aspectos tan importantes como el estado de conservación o las calidades de edificación o la situación del inmueble.

En su sentencia condena esta práctica y prepara el camino para que se anulen las liquidaciones dictadas usando este método de valoración. En concreto, el Alto Tribunal cree que esta valoración pericial no cumple los criterios necesarios para ser una valoración singular, genérica y objetiva.

Conclusión

La Administración deberá razonar la aplicación de los precios medios de mercado, o del valor catastral, lo que en la mayoría de los casos le obligará a una inspección personal del bien a comprar. De hecho, el Supremo entiende que es imprescindible la visita del perito al inmueble.

Responsabilidad Penal de Empresas – Corporate Compliance

Ponemos en su conocimiento que a raíz de la reciente reforma del Código Penal de fecha 1 de julio de 2015 su empresa podrá ser susceptible de cometer delitos y en consecuencia ser sancionada penalmente.

De esta forma su empresa podría ser responsable y condenada como autora por delitos cometidos:

  1. En nombre o por cuenta de la misma.
  2. Por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
  3. Por actuaciones en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

El elenco de penas aplicables conlleva consecuencias tan graves como:

  • Multas
  • Suspensión de sus actividades
  • Clausura de sus locales
  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas
  • Disolución de su empresa

Únicamente quedarán exentas de responsabilidad, aquellas empresas que hayan adoptado y ejecutado con eficacia:

  • Modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Este sistema de control es denominado como Corporate Compliance.

Por ello y si su empresa acredita haber implantado eficazmente esos medios de vigilancia y prevención, mediante la implantación de los debidos sistemas de control y cumplimiento normativo, no será imputada penalmente o la pena se atenuaría considerablemente, evitando consecuencias tan indeseadas como la disolución de su empresa.

Es de vital importancia que su empresa elabore y disponga de los MANUALES PREVENTIVOS de control y cumplimiento si no quiere exponerse a serias y duras contingencias que deben y pueden ser debidamente atendidas.

Desde GADE consideramos que es primordial que conozca de este deber a fin de evitar consecuencias perjudiciales para el buen funcionamiento de su empresa, por ello ponemos a su disposición un programa de medidas de prevención (Compliance) que nuestro equipo de profesionales adaptaría a las circunstancias y características de su empresa en particular.

Le invitamos a que se pongan en contacto con nosotros para poder ofrecerle información y presupuesto detallado.

Consecuencias jurídicas y responsabilidad patrimonial de la administración

La esfera jurídica nos rodea hasta en las actividades mas cotidianas, el simple hecho de pasear por la calle y caer por un indebido estado de la vía pública puede general consecuencias jurídicas.

¿Que ocurre si tropiezo, resbalo, o me caigo en vía pública debido al mal estado de la misma?

Si como consecuencia de ello se ha sufrido daños o lesiones evaluables económicamente, el ciudadano debe saber que puede y debe reclamar una indemnización ante la administración competente, para ello y como primer paso deberá instar una reclamación de responsabilidad patrimonial, valiéndose de todas la pruebas que se puedan aportar a fin de acreditar la concurrencia del acontecimiento, ante el organismo responsable. En caso de que la misma sea desestimada en vía administrativa podrá acudir en los plazos establecidos al efecto a la vía judicial.

¿Que requisitos serían necesarios para que la reclamación prospere?

Son requisitos exigidos para apreciar la existencia de responsabilidad, la efectividad del daño o perjuicio, la evaluabilidad económica; que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa e inmediata de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal, la ausencia de fuerza mayor y, finalmente, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar, es decir, la lesión ha de ser entendida como daño o perjuicio antijurídico.