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Novedades Fiscales de Presupuestos Generales del Estado – 2018

Vamos a repasar las principales novedades Fiscales incluidas en la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018

MODIFICACIONES EN LA LEY DEL IRPF con efectos desde el 05/07/2018:

  • Aumenta la reducción por obtención de rendimientos del trabajo, y aumenta la cuantía por debajo de la cual se podrá aplicar. La reducción podrá aplicarse a los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 16.825 euros siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros.
  • La ley establece las reglas para calcular la reducción y para determinar el tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir del 5 de julio de 2018. La regularización del tipo de retención o ingreso a cuenta, si procede, se realizará, a opción del pagador, en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir del 05/07/2018, o en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir del mes de agosto.
  • El contribuyente podrá aplicarse la deducción de hasta 1.200 € anuales por el cónyuge no separado legalmente con discapacidad que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 €. El importe mensual de la deducción anticipada será de 100 €.
  • La cuantía de la deducción por ser una ascendiente, o un hermano de huérfano de padre y madre, que forma parte de una familia numerosa, se incrementará en 600 € anuales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, según corresponda. El abono de este incremento podrá ser anticipado.
  • Eleva el límite excluyente de la obligación de declarar establecido para los perceptores de rendimientos del trabajo cuando proceden de más de un pagador salvo las excepciones establecidas, o cuando se trata de pensiones compensatorias de cónyuge o anualidades por alimentos no exentas, o cuando el pagador no está obligado a retener, o rendimientos íntegro del trabajo sujetos a tipo fijo de retención. El actual límite de 12.000 € pasa a ser de 14.000 €. Pero para el ejercicio 2018, cuando el impuesto se hubiera devengado a partir del 05/07/2018 el límite será de 12.643 €.
  • Incrementa la cuantía exenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Para los premios derivados de juegos celebrados con anterioridad a 05/07/2018 la cuantía exenta será de 2.500 €. La cuantía exenta será de hasta 10.000 € para los premios derivados de juegos celebrados en el periodo impositivo 2018 a partir del 05/07/2018. La cuantía exenta será de 20.000 € para los celebrados en 2019. Y de 40.000 € a partir de 2020.

MODIFICACIONES EN LA LEY DEL IRPF con efectos desde el 01/01/2018:

  • La deducción por maternidad se podrá incrementar hasta en 1.000 € adicionales, cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados, pero se establecen ciertas limitaciones en dicha cuantía. No se podrá solicitar el abono anticipado de este incremento.
  • Dentro del límite conjunto excluyente de la obligación de declarar de 1.000 € anuales previsto para las rentas inmobiliarias imputadas, los rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, se incluyen “las demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas”.
  • Eleva el porcentaje de la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, que pasa del 20 al 30%. Incrementa base máxima de deducción, estableciéndola en 60.000 € anuales.

MODIFICACIONES EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:

  • Modifica la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles y su régimen transitorio, para adaptar su regulación a los acuerdos adoptados en el seno de la UE y de la OCDE respecto a los regímenes conocidos como «patent box», con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 01/01/2018.
  • Establece las obligaciones que deberán cumplir los productores que se acojan a la deducción por inversiones en producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales realizados en territorio español, con efectos desde 05/07/2018.

MODIFICACIONES EN LA LEY DEL IVA con efectos desde el 05/07/2018:

  • Establece el tipo impositivo reducido del 10% a la entrada a las salas cinematográficas.
  • Modifica el requisito para poder aplicar el tipo impositivo reducido del 4% de los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial como consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios. La prestación económica deberá cubrir más del 10% del precio.

MODIFICACIONES EN LA LEY DEL IVA con efectos desde el 01/01/2019:

  • Modifica la exención por los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, agrupaciones o entidades autónomas, incluidas las AIE, para ajustar su regulación al Derecho de la UE. La exención resultará solo de aplicación a las AIEs cuyos miembros desarrollen actividades de interés general que queden exentas de IVA (asistencia sanitaria, asistencia social o educación, entre otras).
  • Modifica la normativa interna en lo referente a las reglas que determinan la localización en el territorio de aplicación del Impuesto de los servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión o de televisión y la regulación del Régimen especial aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica por empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad.

OTRAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS:

  • Se prorroga durante el año 2018 la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio
  • Integra el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo estatal especial, con efectos desde 01/01/2019.

Declarada inconstitucional la reforma de acceso al subsidio para mayores de 55 años.

EL FJ9 de la STC 61/2018, de 7 de junio de 2018, declara inconstitucionales y nulas las disposiciones del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, por las que se modificaron en su momento los requisitos de acceso al subsidio para mayores de 55 años en relación a la carencia de rentas tanto del prestacionista como de su unidad familiar.

En conclusión, de deduce que: los ingresos de otro miembro de la familia no han de incidir sobre la existencia de carencia de rentas a efectos de la prestación.

Resolución de nulidad

El FJ9 de la STC 61/2018, de 7 de junio de 2018 ha declarado con efectos de 7 de junio de 2018, inconstitucionales y nulas las disposiciones adicional octava, transitoria única y final primera.1 del RD-Ley 5/2013 de 15 de Marzo (Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo), por entender que vulneran el artículo 86.1 CE.

En particular, declara «ni en la exposición de motivos de la norma ni en el debate parlamentario de convalidación ni en la memoria de impacto normativo se indica que tales modificaciones traten de dar respuesta a una situación de naturaleza excepcional o constituyan una necesidad urgente, hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario, sin hacer quebrar la efectividad de la acción requerida, bien por el tiempo a invertir o por la necesidad de inmediatez de la medida».

El TC, sin valorar la razón por la que el Gobierno entiende que es necesario reformar el subsidio para mayores de 55 años, entiende que no existe «una explicación de por qué esta reforma sea urgente en los términos exigidos por la doctrina constitucional para entender cumplida la exigencia del presupuesto habilitante derivado del artículo 86.1 CE», es decir, entiende que esta reforma debería haberse realizado mediante procedimiento legislativo ordinario.

De la anulación normativa se desprende:

  • No existen efectos retroactivos por lo que aquellos solicitantes a los que se les hubiese denegado el subsido no podrán solicitarlo nuevamente.
  • Desaparece la obligación de comunicación de rentas de otros miembros de la unidad familiar, por lo que el SEPE no podrá rechazar o suspender el subsidio por este motivo.

Reacción de El SEPE.

Ante la falta de modificación expresa de la actual redacción del párrafo segundo del apdo. 2, art. 275, LGSS, en relación al requisito de carencia de rentas exigido para el subsidio por desempleo, en la página web del SEPE se ha eliminado este requisito.

Se aprueba el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales que permitirá reforzar la protección de la información empresarial, con el fin de proteger los secretos empresariales en cualquier ámbito de la empresa, incluido el tecnológico, industrial, comercial, organizativo o financiero, lo que beneficiará a la competitividad y el crecimiento. Con esta norma, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, se transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los secretos comerciales que proporciona un marco jurídico armonizado para toda la Unión Europea.

Enel escenario global actual, el dinamismo del mercado y el uso de las nuevas tecnologías hacen que las empresas innovadoras estén cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales, lo que “compromete su capacidad para aprovechar la innovación de la que son precursoras”.

La norma conlleva la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, que tiene como fin armonizar la legislación de los Estados miembros con el objetivo de establecer un nivel suficiente y comparable de reparación en todo el mercado interior en caso de apropiación indebida de secretos empresariales.

Efectos positivos en competitividad y crecimiento

En este sentido, se estima que la apropiación indebida de un secreto empresarial en determinados sectores, como el químico, que depende en gran medida de la innovación de los procesos sustentada en tales secretos, podría conllevar en muchos casos una reducción del volumen de negocio de hasta un 30%.

La nueva norma tendrá efectos positivos en el funcionamiento del mercado interior y la competencia, todo ello sin perjudicar la contratación y la movilidad de mano de obra altamente cualificada y promoviendo a su vez el derecho de propiedad y la libertad de empresa. Con el tiempo se prevén efectos positivos en la competitividad y el crecimiento de la economía.

Protección “suficiente y uniforme”

Las empresas están innovando constantemente y desarrollan nuevos conocimientos, pero su protección, los secretos empresariales, tenían una “muy diversa” protección en el ámbito de la Unión, por lo que la UE dictó esta directiva sobre protección de secretos empresariales, que España va a proceder a incorporar a su ordenamiento jurídico.

El marco jurídico de la protección de secretos empresariales se refuerza en tres aspectos:

  • Incorpora una serie de reglas para preservar el tratamiento confidencial de la información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda constituir secreto empresarial.
  • Ofrece un marco normativo para que el demandante pueda preparar el ejercicio de su acción garantizándose así el derecho a la tutela judicial efectiva a través del desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, medidas para acceder a las fuentes de prueba en poder del futuro demandado o de terceros y, en su caso, de medidas de aseguramiento de las mismas.
  • Incorpora reglas específicas en materia de medidas cautelares para asegurar la eficacia de su acción y evitar de manera inmediata la revelación, uso u obtención ilícita del secreto empresarial.

Régimen especial del criterio de caja

El Régimen Especial del Criterio de Caja (RECC), es opcional para los sujetos pasivos si bien, una vez ejercitada la opción, se aplicará a todas las operaciones realizadas por aquel, sin perjuicio de las exclusiones que establece la propia Ley del IVA.

Sujetos que pueden aplicar el régimen especial del criterio de caja

Pueden optar por este régimen especial todos los sujetos pasivos del IVA, es decir, personas físicas, personas jurídicas y entidades que ejerzan actividades económicas, siempre que:
  • El volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 2.000.000 €.
  • Los cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural anterior no superen la cuantía de 100.000 €.
Puede aplicarse voluntariamente, la opción es por ello imprescindible, considerándose prorrogada salvo renuncia o exclusión. La opción por el RECC debe efectuarse en alguna de estos momentos:
  • En el momento de presentación de la declaración de comienzo de la actividad;
  • Durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto, entendiéndose prorrogada para los años siguientes, en tanto no se produzca la renuncia al régimen o su exclusión.
La normativa no determina un plazo mínimo de permanencia en el RECC una vez ejercitada la opción, por lo que es posible acogerse al mismo durante un año natural y renunciar al año siguiente. Por el contrario, se establece un mínimo en relación con la renuncia, que será de tres años. Por ello, ejercitada la renuncia, no es posible optar de nuevo por la aplicación del RECC hasta que haya transcurrido dicho plazo.

Operaciones que abarca

Se aplicará a todas las operaciones realizadas por el sujeto pasivo en territorio de aplicación del impuesto, salvo las exceptuadas por la LIVA, que son:
  1. Operaciones acogidas al régimen especial simplificado, al de la agricultura, ganadería y pesca, al del recargo de equivalencia, al del oro de inversión, al de los servicios prestados por vía electrónica y al del grupo de entidades.
  2. Operaciones “exteriores”, es decir, exportaciones y operaciones asimiladas, operaciones relativas a zonas francas, depósitos francos y otros depósitos, y las relativas a los regímenes aduaneros o fiscales, así como las entregas intracomunitarias de bienes.
  3. Adquisiciones intracomunitarias de bienes. Esto supone que, si un sujeto acogido al RECC realiza una adquisición intracomunitaria de bienes, debe considerarla devengada conforme a las reglas genera¬les en el período en que se consideren efectuadas las entregas de bienes. La exclusión se considerará a todos los efectos (autoliquidación, registro, etc.), independientemente de cuándo se haya producido o se vaya a producir el pago de la contraprestación por la adquisición de los bienes.
  4. Operaciones en las que el sujeto pasivo sea el empresario o profesional para quien se realiza la operación, por inversión del sujeto pasivo (artículo 84, uno, números 2.º, 3.º y 4.º de la Ley).
  5. Importaciones y operaciones asimiladas.
  6. Supuestos de autoconsumos asimilados a entregas de bienes o prestaciones de servicios.

Devengo del impuesto

El devengo del Impuesto para las operaciones acogidas al RECC se produce en el momento del cobro total o parcial de la contraprestación. No obstante, si el cobro del precio no se hubiere producido a 31 de diciembre del año siguiente al de realización de la operación, esta se entiende devengada en dicha fecha como máximo. Es decir, el aplazamiento en el pago del IVA a Hacienda es sólo temporal, ya que a final del año siguiente es necesario devengarlo todo.

Repercusión del impuesto

Señala la ley que “La repercusión del Impuesto en las operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura correspondiente, pero se entenderá producida en el momento del devengo de la operación determinado conforme a lo indicado anteriormente.

Derecho a la deducción del IVA Soportado

El derecho a la deducción para el sujeto pasivo acogido al RECC nace:
  • En el momento del pago total o parcial del precio por los importes efectivamente satisfechos.
  • O bien el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación si el pago no se ha producido.
El derecho a la deducción se ejercitará en la autoliquidación del periodo en que haya nacido el derecho a la deducción de las cuotas soportadas o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, desde el nacimiento del derecho. La Ley del IVA, al establecer el RECC, ha contemplado ciertas disposiciones específicas, que prevén la posibilidad de que se produzca un eventual concurso de acreedores relativo al sujeto acogido al régimen de caja.
Dichas normas hacen referencia a los efectos que el auto de la declaración de concurso del sujeto pasivo acogido al RECC o del sujeto destinatario de sus operaciones, determinará en la fecha del mismo, que son:
  1. El devengo de las cuotas repercutidas por el sujeto pasivo acogido al RECC que estuvieran aún pendientes de devengo en dicha fecha.
  2. El nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo, respecto de las operaciones de las que haya sido destinatario, a las que se haya aplicado el RECC, que estuvieran pendientes de pago cuando no hubiera transcurrido el plazo que medie hasta el 31 de diciembre del año posterior.
  3. El nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo concursado acogido al RECC, respecto de las operaciones de las que haya sido destinatario, no acogidas a dicho régimen especial, que estuvieran aún pendientes de pago y en las que no haya transcurrido el plazo hasta el 31 de diciembre del año posterior a aquel en que se realizaron las operaciones.

Fuente: ASESORLEX.

 

Comentarios a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público

Antecedentes normativos. Una mirada a la evolución de la normativa comunitaria

Los contratos del sector público constituyen una cuestión de casi perenne actualidad por tener una notable incidencia en el diseño y efectividad de las políticas públicas de los estados; por ello, materias o cuestiones como la transparencia y el principio de igualdad de trato adquieren una singular importancia en el ámbito que nos ocupa, habida cuenta del volumen e impacto económico que pueden alcanzar estos negocios jurídicos.

Precisamente por la importancia “estratégica” de esta institución, la Unión Europea ha querido desarrollar legislativamente un paquete de medidas que coadyuven a la construcción del mercado interior y a la fijación de un modelo de relaciones contractuales que tengan como fin la máxima eficiencia de los fondos públicos. Y en este ámbito, con esos loables fines, los principios de igualdad de trato y no discriminación se configuran como ejes axiales de la contratación pública, junto con los de transparencia e igualdad de trato.

La actual legislación española de contratos públicos, pese a tener un marcado carácter interno, tiene hondas raíces allende nuestras fronteras, encontrándose el fundamento de no pocas de las instituciones que contiene en el ámbito de las instituciones de carácter internacional. En este específico ámbito cobra especial importancia el Derecho de la Unión Europea que, además de informar, dirige en cierto modo la creación de la legislación estatal. Por ello no es extraño que la exigencia de la adaptación de nuestro derecho nacional a la normativa comunitaria haya dado lugar, en los últimos decenios, a la mayor parte de las reformas que se han ido haciendo en los textos legales españoles.

En el ámbito concreto de la contratación pública, la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007 encontró su justificación, entre otras razones, en la exigencia de incorporar a nuestro ordenamiento la entonces reciente Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. La actualidad, sin embargo, exige una adaptación de los tiempos y no lo olvidemos, también de la normativa a la realidad en la que nos desenvolvemos. Así las cosas, ante el actual panorama legislativo, marcado en buena medida por la “Estrategia Europa 2020”, la contratación pública exige una modernización, en tanto en cuanto se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.

Ese es precisamente el fin con el que vieron la luz las tres Directivas comunitarias en materia de contratación pública, la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública; la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; y la más novedosa, en tanto en cuanto carece de precedente en la normativa comunitaria, como es la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

La nueva directiva

Las nuevas directivas vienen a sustituir a la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios y Directiva 2004/17/CE sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, aprobadas hace ahora una década, y que fueron transpuestas al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  posteriormente derogada y sustituida por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y la Ley 31/2007 de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, respectivamente.

Con las vigentes Directivas, la Unión Europea ha dado por concluido un proceso de revisión y modernización de las normas actuales sobre contratación pública, que debería permitir incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública. De igual modo se persigue que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. A todo ello se sumaba la necesidad de aclarar determinadas nociones y conceptos básicos para garantizar la seguridad jurídica e incorporar diversos aspectos resaltados por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de contratación pública.

Los objetivos de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Como ya hemos comentado, la revisión de las Directivas sobre contratación pública quedan inscritas en un programa cuyo objetivo principal es la modernización en profundidad del sistema de contratación en el ámbito territorial de los estados que conforma la Unión Europea, con el fin de potenciar su eficiencia y diseñar políticas que permitan un mayor crecimiento en un ámbito de clara liberalización económica. Se trata, pues, de “desestatalizar” funciones otrora públicas permitiendo el acceso a los operadores y compañías privadas a la ejecución de dichas funciones. Para ello es premisa básica el fomento de la transparencia, la apertura y la competencia, que debieran traducirse en un ahorro de costes y/o de inversión pública.

Sobre estos mimbres, los objetivos que han inspirado la regulación contenida en la Ley que ahora analizamos son, como no podría ser de otra forma, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y conseguir una mejor relación calidad precio.

Para lograr este último objetivo, como novedad, la Ley 9/2017 establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, incluyendo a tal efecto en los pliegos de las licitaciones aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

La redacción del nuevo texto legal satisface, además, una de las necesidades puestas de manifiesto por los agentes sociales y por los licitadores, que no es otra que la deseable simplificación de los trámites, imponiendo una menor burocracia para los licitadores, así como un mejor acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas. Circunstancia esta última que acomoda el texto legal al perfil de las empresas de nuestro país. Se trata en definitiva de que el proceso de licitación resulte más simple, reduciendo las cargas administrativas de los operadores económicos intervinientes en este ámbito, beneficiando así no solo a los licitadores, sino también a los órganos de contratación y, en definitiva, a los destinatarios del contrato licitado bien sea, directamente, el propio estado, bien los ciudadanos.

El objeto

El objeto de la norma no reside únicamente en contratar con una buena relación calidad precio, sino que pretende alcanzar a aspectos eminentemente sociales o ambientales. A tal efecto el legislador ha introducido normas más estrictas tanto en beneficio de las empresas como de sus trabajadores, de modo que las nuevas normas endurecen las disposiciones sobre esta materia en las denominadas ofertas “anormalmente bajas”. Para ello la Ley dispone que los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.

Pese a que la Ley que analizamos constituya el elemento de transposición al ordenamiento interno de las Directivas comunitarias, no es este su único objetivo. El legislador español, partiendo de dicha transposición, ha tratado de diseñar un sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de la satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora de las condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores económicos, y, por supuesto, a través de la prestación de mejores servicios a los usuarios de los mismos.

El sistema legal de contratación pública que se establece en la nueva Ley persigue aclarar las normas vigentes, con el fin de alcanzar una deseable seguridad jurídica, y trata de conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las pequeñas y medianas empresas, entre otras materias. Todas estas cuestiones, de fondo, se constituyen como verdaderos objetivos de la Ley, persiguiéndose en todo momento, como ya ha quedado dicho, la eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad.