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Comentarios a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público

Antecedentes normativos. Una mirada a la evolución de la normativa comunitaria

Los contratos del sector público constituyen una cuestión de casi perenne actualidad por tener una notable incidencia en el diseño y efectividad de las políticas públicas de los estados; por ello, materias o cuestiones como la transparencia y el principio de igualdad de trato adquieren una singular importancia en el ámbito que nos ocupa, habida cuenta del volumen e impacto económico que pueden alcanzar estos negocios jurídicos.

Precisamente por la importancia “estratégica” de esta institución, la Unión Europea ha querido desarrollar legislativamente un paquete de medidas que coadyuven a la construcción del mercado interior y a la fijación de un modelo de relaciones contractuales que tengan como fin la máxima eficiencia de los fondos públicos. Y en este ámbito, con esos loables fines, los principios de igualdad de trato y no discriminación se configuran como ejes axiales de la contratación pública, junto con los de transparencia e igualdad de trato.

La actual legislación española de contratos públicos, pese a tener un marcado carácter interno, tiene hondas raíces allende nuestras fronteras, encontrándose el fundamento de no pocas de las instituciones que contiene en el ámbito de las instituciones de carácter internacional. En este específico ámbito cobra especial importancia el Derecho de la Unión Europea que, además de informar, dirige en cierto modo la creación de la legislación estatal. Por ello no es extraño que la exigencia de la adaptación de nuestro derecho nacional a la normativa comunitaria haya dado lugar, en los últimos decenios, a la mayor parte de las reformas que se han ido haciendo en los textos legales españoles.

En el ámbito concreto de la contratación pública, la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007 encontró su justificación, entre otras razones, en la exigencia de incorporar a nuestro ordenamiento la entonces reciente Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. La actualidad, sin embargo, exige una adaptación de los tiempos y no lo olvidemos, también de la normativa a la realidad en la que nos desenvolvemos. Así las cosas, ante el actual panorama legislativo, marcado en buena medida por la “Estrategia Europa 2020”, la contratación pública exige una modernización, en tanto en cuanto se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.

Ese es precisamente el fin con el que vieron la luz las tres Directivas comunitarias en materia de contratación pública, la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública; la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; y la más novedosa, en tanto en cuanto carece de precedente en la normativa comunitaria, como es la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

La nueva directiva

Las nuevas directivas vienen a sustituir a la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios y Directiva 2004/17/CE sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, aprobadas hace ahora una década, y que fueron transpuestas al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  posteriormente derogada y sustituida por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y la Ley 31/2007 de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, respectivamente.

Con las vigentes Directivas, la Unión Europea ha dado por concluido un proceso de revisión y modernización de las normas actuales sobre contratación pública, que debería permitir incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública. De igual modo se persigue que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. A todo ello se sumaba la necesidad de aclarar determinadas nociones y conceptos básicos para garantizar la seguridad jurídica e incorporar diversos aspectos resaltados por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de contratación pública.

Los objetivos de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Como ya hemos comentado, la revisión de las Directivas sobre contratación pública quedan inscritas en un programa cuyo objetivo principal es la modernización en profundidad del sistema de contratación en el ámbito territorial de los estados que conforma la Unión Europea, con el fin de potenciar su eficiencia y diseñar políticas que permitan un mayor crecimiento en un ámbito de clara liberalización económica. Se trata, pues, de “desestatalizar” funciones otrora públicas permitiendo el acceso a los operadores y compañías privadas a la ejecución de dichas funciones. Para ello es premisa básica el fomento de la transparencia, la apertura y la competencia, que debieran traducirse en un ahorro de costes y/o de inversión pública.

Sobre estos mimbres, los objetivos que han inspirado la regulación contenida en la Ley que ahora analizamos son, como no podría ser de otra forma, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y conseguir una mejor relación calidad precio.

Para lograr este último objetivo, como novedad, la Ley 9/2017 establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, incluyendo a tal efecto en los pliegos de las licitaciones aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

La redacción del nuevo texto legal satisface, además, una de las necesidades puestas de manifiesto por los agentes sociales y por los licitadores, que no es otra que la deseable simplificación de los trámites, imponiendo una menor burocracia para los licitadores, así como un mejor acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas. Circunstancia esta última que acomoda el texto legal al perfil de las empresas de nuestro país. Se trata en definitiva de que el proceso de licitación resulte más simple, reduciendo las cargas administrativas de los operadores económicos intervinientes en este ámbito, beneficiando así no solo a los licitadores, sino también a los órganos de contratación y, en definitiva, a los destinatarios del contrato licitado bien sea, directamente, el propio estado, bien los ciudadanos.

El objeto

El objeto de la norma no reside únicamente en contratar con una buena relación calidad precio, sino que pretende alcanzar a aspectos eminentemente sociales o ambientales. A tal efecto el legislador ha introducido normas más estrictas tanto en beneficio de las empresas como de sus trabajadores, de modo que las nuevas normas endurecen las disposiciones sobre esta materia en las denominadas ofertas “anormalmente bajas”. Para ello la Ley dispone que los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.

Pese a que la Ley que analizamos constituya el elemento de transposición al ordenamiento interno de las Directivas comunitarias, no es este su único objetivo. El legislador español, partiendo de dicha transposición, ha tratado de diseñar un sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de la satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora de las condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores económicos, y, por supuesto, a través de la prestación de mejores servicios a los usuarios de los mismos.

El sistema legal de contratación pública que se establece en la nueva Ley persigue aclarar las normas vigentes, con el fin de alcanzar una deseable seguridad jurídica, y trata de conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las pequeñas y medianas empresas, entre otras materias. Todas estas cuestiones, de fondo, se constituyen como verdaderos objetivos de la Ley, persiguiéndose en todo momento, como ya ha quedado dicho, la eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad.

Cuidar a los hijos también cotiza para la jubilación

Desde el año 2013, aquellas personas que hayan interrumpido su carrera profesional para encargarse del cuidado de sus hijos o dedicarse a menores acogidos, podrán sumar hasta cinco años de cotización.

La última reforma en la Ley que regula el cálculo de las pensiones incluyó una enmienda que permite sumar hasta 5 años de cotización para aquellas personas que hayan interrumpido su carrera profesional para cuidar a sus hijos u otros menores adoptados. En este artículo vamos a repasar los aspectos fundamentales de esa modificación.

¿Qué dice la Ley?

La Seguridad Social reconoce como periodo cotizado “la interrupción de la cotización derivada de la extinción de la relación laboral o de la finalización del cobro de prestaciones o subsidios por desempleo con obligación de cotizar, producidas entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres meses anteriores a la resolución judicial por la que se constituye la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento preadoptivo o permanente, y la finalización del sexto año posterior a esta situación“.

¿Cuánto tiempo se reconoce?

Reconoce que aquellas personas que hayan dejado o dejen su trabajo, o hayan agotado la prestación por desempleo con obligación de cotizar estando dedicados a cuidar a sus hijos, podrán sumar hasta cinco años a su cotización.

En ningún caso, los periodos computables podrán superar los cinco años por beneficiario, independientemente del número de hijos nacidos o adoptados. Al mismo modo, el periodo computable no podrá ser mayor que la interrupción real de la cotización, por lo que no podrán computarse más días de los que hubieran correspondido de haber seguido en activo.

¿Cómo se contabilizan los días computables?

Los periodos computables se aplicarán a todas las prestaciones, excepto a las prestaciones y subsidios por desempleo, y a todos los efectos, salvo para el cumplimiento del periodo mínimo de cotización exigido. En cuanto a la duración del cómputo como periodo cotizado se incrementará anualmente hasta 2018. Dicha duración alcanzará de un máximo de 270 días cotizados en 2019 por cada hijo o menor acogido.

¿Quién es el beneficiario?

Los beneficios por el cuidado de hijos o menores acogidos, pueden reconocerse o atribuirse a cualquiera de los progenitores, adoptantes o acogedores por cada hijo nacido o adoptado o menor acogido. En el caso de que se produzca una controversia entre ellos, es decir, cuando ambos progenitores estén interesados en acceder al beneficio por el cuidado de sus hijos o menores acogidos, el derecho se le reconocerá a la madre.

Se solicitaron: 40.517 excedencias en el último ejercicio. Las tareas de cuidados dentro de la familia son realizadas en un 92,63% por mujeres.

HOMBRES:  2.986

Distribucción de solicitud por sexo de excedencia en cuidado de hijos.

Distribucción de solicitud por sexo de excedencia en cuidado de hijos.

MUJERES:
37.531

Declaración anual de ingresos y pagos 2016

Cuentas

Durante 2016 la obligación de declarar recae en quienes hayan efectuado operaciones con proveedores y clientes, habiendo superado individualmente la cifra de TRES MIL CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS (IVA INCLUIDO). Entre los obligados a presentar declaración están las personas que tributen por el Régimen Simplificado de IVA y las Comunidades de Propietarios.

Para realizar la declaración, es necesario disponer de los siguientes datos:

  • Razón Social o nombre y apellidos de cliente o proveedor.
  • Código postal.
  • Número de Identificación Fiscal.
  • Importe total de las operaciones con cada empresario/particular (IVA incluido).
  • El total de los ingresos en efectivo superiores a 6.000€ producidos en el ejercicio, de cada uno de los clientes incluidos en la declaración.

¿Quien no está obligado a presentar esta declaración?

Las personas físicas y entidades en atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por las actividades que tributen en dicho impuesto por el método de estimación objetiva y simultáneamente, en el IVA por los regímenes especiales simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia, salvo por las operaciones que se expida factura.

Sanciones

La no presentación de esta declaración está tipificada como infracción tributaria, sancionable con multa mínima de 300 euros.

Para cualquier aclaración o ampliación pueden contactar con nuestro despacho.

¿Está obligado a relacionarse electrónicamente con la AEAT?

Desde el 1 de Octubre de 2016, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están obligados a relacionarse electrónicamente con la AEAT las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, como comunidades de bienes o comunidades de propietarios.

Página web de la sede electrónica de la AEAT

Página web de la sede electrónica de la AEAT

¿En qué consiste la relación electrónica con la AEAT?

La obligación de relación electrónica, consiste en que la AEAT usará medios electrónicos para realizar notificaciones, y quitando la obligación de realizar esta notificación por medios físicos como por ejemplo carta o fax. Para ello, las entidades obligadas pueden indicar el medio de comunicación electrónica, como un correo electrónico, donde recibir notificaciones por parte de la AEAT, o directamente puedene consultar el estado de sus relaciones con la administración desde la sede electrónica.

También se podrar presentar documentos justificativos o solicitudes a la agencia tributaría por los mismos medios electrónicos, como por ejemplo, solicitudes de aplazamiento.

¿Donde puedo realizar mis trámites?

La agencia tributaria ha puesto a disposición de los usuarios, la sede electrónica de la AEAT, donde se puede presentar de forma telemática cada uno de los trámites disponibles, así como consultar las notificaciones realizas por la AEAT. El acceso a la sede puede realizarse tras identificación mediante certificado electrónico, DNI electrónico o Cl@ave PIN.

 

Notificaciones electrónicas DGT. ¿Estás preparado?

La Dirección General de Tráfico empezerá a realizar sus notificaciones electrónicas (DEV) a través de su portal de Dirección Electrónica Vial (DEV), este servicio que es obligatorio para personas jurídicas, habilita un buzón de notificación desde el cual se puede gestionar todas las notificaciones recibidas.

¿Qué es la DEV?

La DGT y las Administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico le permiten recibir vía Internet, en su buzón electrónico, las notificaciones de procedimientos sancionadores. Además de las notificaciones, también se comunicará y avisará de aspectos que pueden ser de su interés como conductor o titular de vehículo, el saldo de puntos, aviso de caducidad del permiso de conducir, de ITV, etc.

Obligatoriedad de DEV para personas jurídicas.

El artículo 59.bis del texto articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial, establece que se asignará, a todos los titulares de una autorización administrativa para conducir o para circular, una Dirección Electrónica Vial. Esta asignación, que también alcanza a los arrendatarios a largo plazo, es obligatoria para las personas jurídicas.

El proceso de obligatoriedad de la DEV para las personas jurídicas implica que la DGT exigirá disponer de DEV para poder matricular o cambiar la titularidad de un vehículo.

Preparados para las notificaciones electrónicas.

En GADE hemos trabajado para incorporar el nuevo buzón de la DGT, que junto con el resto de buzones electrónicos (Seguridad Social y Agencia tributaria), ya estamos preparados para dar a nuestros clientes las mismas garantías de recepción y tramitación de sus notificaciones electrónicas.