El calendario laboral del próximo año tendrá ocho festivos nacionales que no serán sustituibles, lo que significa que se celebrarán en toda España, además habrá otros cuatro festivos fijados por la comunidad autónoma de la Región de Murcia y dos por el ayuntamiento de Murcia.
En total, se podrá disfrutar en 2019 de 14 días festivos en jornada laboral según adjuntamos en la imagen siguiente.
Desde la Sede Electrónica de la Seguridad Social (TGSS), se ha habilitado la opción de modificación, para los trabajadores RETA, de su condición como trabajador autónomo: titular, colaborador, socio colaborador, etc.
Los plazos para poder subsanar o modificar la condición del autónomo son:
Para realizar este trámite necesitarás disponer de Certificado Digital o Cl@ve.
Dentro de la opción de “Ciudadanos”, tendrás que hacer clic en “Afiliación e Inscripción”, donde aparecerán los datos del autónomo. A continuación, se deberá indicar si se trata de una corrección o variación, donde aparecerán los campos a rellenar para la comunicación. Una vez introducidos, si los datos son correctos, aparecerá un aviso de que se ha realizado correctamente la operación.
La Orden Ministerial ESS/214/2018, de 1 de marzo que modifica la Orden ESS/484/2013 reguladora del Sistema de Remisión Electrónica de Datos (Sistema RED) en el ámbito de la Seguridad Social, establece la obligatoriedad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos para incorporarse a dicho Sistema. No obstante, para cumplir con esta obligación el trabajador puede optar por acogerse a este Sistema y gestionar sus trámites a través de un autorizado Red o directamente hacer uso de los servicios electrónicos disponibles en la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS). La obligatoriedad se extiende a la recepción de las notificaciones, por lo que para su consulta y firma se deberá acceder al servicio correspondiente en la SEDESS.
La Orden Ministerial establece la obligación de gestionar por vía electrónica todos los trámites relacionados con la afiliación, la cotización y la recaudación de cuotas. Incluye la recepción, por comparecencia en la SEDESS, de las notificaciones y comunicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.
La Orden Ministerial fija un período transitorio de adaptación de seis meses desde su entrada en vigor. Por tanto, la obligación será efectiva a partir del día 1 de octubre de 2018 para todos los trabajadores autónomos que en esa fecha se encuentren en alta en los regímenes afectados.
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) dispone de dos canales electrónicos a través de los cuales el trabajador autónomo podrá realizar sus gestiones:
Para acceder a los servicios de la SEDESS, el autónomo debe disponer de un sistema de autenticación que garantice su identidad. Existen diferentes sistemas de autenticación admitidos en la SEDESS que permiten el acceso a los servicios.
La Seguridad Social ofrece al ciudadano la posibilidad de gestionar, previa solicitud del mismo en la página de la entidad: https://www.sede.fnmt.gob.es/, la obtención del certificado personal de la FNMT, poniendo a su disposición una amplia red de oficinas donde poder realizar la acreditación de su identidad, paso obligatorio en el proceso de su obtención.
Los trabajadores autónomos cuentan con un amplio catálogo de servicios en la SEDESS para la gestión de los trámites relacionados con la afiliación y la cotización a la Seguridad Social:
Además, desde la SEDESS el trabajador autónomo puede solicitar determinados informes y certificados:
La SEDESS dispone de otros servicios que pueden resultar de interés para el colectivo de trabajadores autónomos:
A través del Servicio de Consulta y Firma de Notificaciones Telemáticas el trabajador autónomo podrá acceder a consultar y firmar las notificaciones de los actos administrativos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). También podrá acceder y gestionar las notificaciones su autorizado al sistema RED o, en su caso, su apoderado.
Entre los actos notificados a través del Servicio de Notificaciones Telemáticas, se encuentran:
Paulatinamente se incorporarán al Servicio de Consulta y Firma de Notificaciones Telemáticas otras notificaciones de procedimientos relacionados con la TGSS.
Se ha de tener en cuenta además que:
¿Una fórmula para abaratar costes? La crisis económica financiera ha traído consigo la aparición de esta fórmula ilegal para disminuir los gastos sociales en las empresas. Los “falsos autónomos” no son más que sujetos que bajo la apariencia formal de trabajadores por cuenta propia, esconden una relación laboral por cuenta ajena.
Los denominados “falsos autónomos” han crecido de manera exponencial a la sombra de la larga crisis económico financiera que hemos padecido (y de alguna manera seguimos sufriendo) como una fórmula ilegal para abaratar costes de personal en las empresas.
Estos falsos autónomos son verdaderos trabajadores que, bajo la apariencia formal de trabajadores por cuenta propia, inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, esconden una verdadera relación laboral por cuenta ajena.
Se trata, en consecuencia, de una relación en claro fraude de ley, puesto que, bajo la apariencia legal de una prestación por cuenta propia o autónoma, esconde una verdadera y real relación laboral.
La pregunta que con carácter previo debemos formularnos es: ¿por qué las empresas acuden a estas fórmulas ilegales de contratación? A nuestro juicio, dos son las razones que llevan a las empresas a acudir a esta figura ilegal: la primera es el aparente abaratamiento de los costes sociales, la segunda la ignorancia por parte de las empresas de los riesgos y consecuencias que pueden derivarse de estas contrataciones ilegales.
Efectivamente, contratar con un falso autónomo supone; por una parte, mercantilizar una prestación a todas luces laboral, de forma que no solo abaratamos costes salariales al huir de la aplicación del convenio colectivo, sino que reducimos o eliminamos el coste de seguridad social, al ser el propio autónomo el que asume el coste de seguridad social (optando de forma mayoritaria por una base mínima que conlleva una cuota de seguridad social reducida).
Sin embargo, como ya hemos anticipado, existe otra razón que lleva a las empresas (sobre todo las de pequeña dimensión) a contratar a falsos autónomos, que no es otra que la ignorancia de las consecuencias que para las empresas conlleva que esa relación formalmente autónoma, acabe siendo declarada por los juzgados como laboral.
En efecto, las consecuencias derivadas de esta declaración no suelen ser valoradas por las empresas, pero pueden acarrear consecuencias funestas para las mismas, a saber:
Son múltiples los pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre la existencia de relación laboral en supuestos de falsos autónomos; por ejemplo, cobradores de recibos, arquitectos en ayuntamientos, vendedores de productos catalogados, directores de hotel, encuestadores, guías turísticos, limpiadoras en comunidades de propietarios, maquilladoras de televisión, técnicos de mantenimiento de maquinaria, profesores en academias… Ciertamente, la capacidad imaginativa para defraudar no tiene límites.
Recientemente, la prensa se ha hecho eco de la posible existencia de falsos autónomos en la denominada economía colaborativa y las plataformas digitales.
Un primer pronunciamiento, que pasó inadvertido, fue la Sentencia 902/2017 del Tribunal Supremo de 16-11-2017 (rec. 2806/2015).
En este caso, se trata de una empresa que suscribe acuerdos de colaboración con traductores e intérpretes con los que contacta vía telefónica. Así, cuando el cliente precisa de los servicios de un intérprete o traductor, el cliente llama por teléfono a una línea 902, que corresponde a la empresa, le participa la necesidad de un intérprete, el idioma que debe ser conocido y la hora aproximada en que debe personarse en las dependencias policiales o judiciales correspondientes. El personal de atención telefónica de la empresa, a través de una aplicación informática, localiza a los traductores e intérpretes más cercanos geográficamente al cliente, comprueba su currículum y se pone en contacto telefónico con él, informándole qué organismo necesita un intérprete y a qué hora. El traductor decide si acude o no a desarrollar los servicios y en caso de no aceptar el encargo, la empresa contacta con otro colaborador.
En caso afirmativo, el intérprete, que acude por sus propios medios, se dirige al cliente correspondiente de las dependencias que lo ha reclamado, comunicando su presencia, poniéndose a su disposición. Como contraprestación el traductor percibe su retribución dependiendo de cuantas actuaciones ha realizado ese mes.
En su sentencia, el Tribunal Supremo nos recuerda los principales elementos o indicios de laboralidad y que resumimos a continuación:
La sentencia entiende que: “Si bien no tiene un horario fijo, este viene impuesto por las necesidades de los organismos que solicitan a la empresa servicios de traducción e intérprete, fijando el día, hora y lugar al que el mismo ha de acudir. Aunque parece que el intérprete goza de gran libertad a la hora de acudir o no a prestar sus servicios, es lo cierto que, dada la relación establecida entre las partes, si no acude, corre el riesgo de que no se le vuelva a llamar”. Es decir, la libertad de horarios y jornada no es suficiente para ser autónomo, ni tampoco la posibilidad de rechazar encargos de la empresa. El Tribunal Supremo entiende que no desvirtúa la laboralidad de la relación la no prestación de servicios a tiempo completo, ni que no conste régimen de exclusividad.
Efectivamente, nos referimos a la Sentencia del Juzgado de lo Social 6 de Valencia de fecha 1 de junio de 2018, que considera a un repartidor de comida a domicilio de la plataforma «Deliveroo» como trabajador por cuenta ajena y no como autónomo, que era la relación que aparentemente mantenía con la plataforma.
Los argumentos, siguiendo los comentarios del profesor Todolí, son los siguientes:
Es cierto que la sentencia no es firme, y de hecho está recurrida, pero en consonancia con la sentencia del Tribunal Supremo anteriormente aludida, entendemos que será difícil que en instancias superiores se revoque.
Lo que no parece que tenga sentido es que a pesar de todos los riesgos que supone para la empresa acudir a estas fórmulas fraudulentas, se sigan utilizando las mismas de manera tan generalizada sin sopesar los riesgos y las consecuencias que ello puede conllevar.
Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, por el cual se regula la adaptación del Derecho español a la normativa del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales (RGPD) y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).
Para evitar sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, debemos garantizar que nuestros clientes y proveedores puedan ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de datos. Para ello debemos tener en cuenta que tanto a clientes como proveedores: