Participación en la I Carrera por equipos de Empresas de Murcia

Participación en la I Carrera por Empresas

El Diario La Verdad, con la colaboración de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, organizó la I Carrera por Equipos de Empresas, que se celebró el pasado domingo 20 de Mayo, con salida y meta en el Paseo del Malecón y recorrido por el Paseo del Malecón y por la ribera del Rio. Con una distancia establecida para la carrera Absoluta de 10 Km. aproximadamente, los equipos estaban formados por 4 corredores.

Nuestros corredores

Participantes de la I carrera empresas

Participantes de la I carrera empresas

Tenemos que agradecer el interés y la ilusión vivida en la empresa con este evento, aunque sin duda, el mayor esfuerzo lo han realizado los 4 corredores que han representado como nunca nuestra filosofía de empresa: El trabajo en equipo, capacidad de superación y luchar por alcanzar la meta.

Desde GADE queremos reconocer y apoyar este tipo de iniciativas y animarlos para que participen el año que viene.

Los nuevos derechos en la RGPD.

RGPD

¿Que es la RGPD?. El día 25 de mayo entra en vigor en todos los países de la Unión Europea una nueva legislación sobre protección de datos: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). En él se especifica cómo deben tratar las empresas a partir de ahora los datos personales y la privacidad de los usuarios en el territorio de la UE.

Nuevos derechos

Además añade a los tradicionales derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) recogidos en la actual normativa española nuevos elementos que mejoran la capacidad de decisión y control de los clientes sobre sus propios datos personales. Es mportante conocer las principales características de cada derecho.

  • DERECHO DE ACCESO: Permite a su cliente conocer y obtener gratuitamente información sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento.
  • DERECHO DE RECTIFICACIÓN:Se caracteriza porque permite corregir errores, modificar los datos que resulten ser inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información objeto de tratamiento.
  • DERECHO DE OPOSICIÓN: Es el derecho del cliente afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o su cese en el mismo.
  • DERECHO AL OLVIDO: Por medio de este derecho se podrá revocar el consentimiento prestado para el tratamiento de datos personales en cualquier momento, pudiendo exigir la supresión y eliminación de los datos en redes sociales o buscadores de internet.
  • DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO: Permite solicitar el bloqueo temporal del tratamiento de los datos del solicitante cuando existan controversias sobre su licitud.
  • LÍMITE A LAS DECISIONES INDIVIDUALES AUTOMATIZADAS: Se trata del derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o afecte de modo similar y de forma significativa.

Régimen especial del criterio de caja

Caja
El Régimen Especial del Criterio de Caja (RECC), es opcional para los sujetos pasivos si bien, una vez ejercitada la opción, se aplicará a todas las operaciones realizadas por aquel, sin perjuicio de las exclusiones que establece la propia Ley del IVA.

Sujetos que pueden aplicar el régimen especial del criterio de caja

Pueden optar por este régimen especial todos los sujetos pasivos del IVA, es decir, personas físicas, personas jurídicas y entidades que ejerzan actividades económicas, siempre que:
  • El volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 2.000.000 €.
  • Los cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural anterior no superen la cuantía de 100.000 €.
Puede aplicarse voluntariamente, la opción es por ello imprescindible, considerándose prorrogada salvo renuncia o exclusión. La opción por el RECC debe efectuarse en alguna de estos momentos:
  • En el momento de presentación de la declaración de comienzo de la actividad;
  • Durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto, entendiéndose prorrogada para los años siguientes, en tanto no se produzca la renuncia al régimen o su exclusión.
La normativa no determina un plazo mínimo de permanencia en el RECC una vez ejercitada la opción, por lo que es posible acogerse al mismo durante un año natural y renunciar al año siguiente. Por el contrario, se establece un mínimo en relación con la renuncia, que será de tres años. Por ello, ejercitada la renuncia, no es posible optar de nuevo por la aplicación del RECC hasta que haya transcurrido dicho plazo.

Operaciones que abarca

Se aplicará a todas las operaciones realizadas por el sujeto pasivo en territorio de aplicación del impuesto, salvo las exceptuadas por la LIVA, que son:
  1. Operaciones acogidas al régimen especial simplificado, al de la agricultura, ganadería y pesca, al del recargo de equivalencia, al del oro de inversión, al de los servicios prestados por vía electrónica y al del grupo de entidades.
  2. Operaciones “exteriores”, es decir, exportaciones y operaciones asimiladas, operaciones relativas a zonas francas, depósitos francos y otros depósitos, y las relativas a los regímenes aduaneros o fiscales, así como las entregas intracomunitarias de bienes.
  3. Adquisiciones intracomunitarias de bienes. Esto supone que, si un sujeto acogido al RECC realiza una adquisición intracomunitaria de bienes, debe considerarla devengada conforme a las reglas genera¬les en el período en que se consideren efectuadas las entregas de bienes. La exclusión se considerará a todos los efectos (autoliquidación, registro, etc.), independientemente de cuándo se haya producido o se vaya a producir el pago de la contraprestación por la adquisición de los bienes.
  4. Operaciones en las que el sujeto pasivo sea el empresario o profesional para quien se realiza la operación, por inversión del sujeto pasivo (artículo 84, uno, números 2.º, 3.º y 4.º de la Ley).
  5. Importaciones y operaciones asimiladas.
  6. Supuestos de autoconsumos asimilados a entregas de bienes o prestaciones de servicios.

Devengo del impuesto

El devengo del Impuesto para las operaciones acogidas al RECC se produce en el momento del cobro total o parcial de la contraprestación. No obstante, si el cobro del precio no se hubiere producido a 31 de diciembre del año siguiente al de realización de la operación, esta se entiende devengada en dicha fecha como máximo. Es decir, el aplazamiento en el pago del IVA a Hacienda es sólo temporal, ya que a final del año siguiente es necesario devengarlo todo.

Repercusión del impuesto

Señala la ley que “La repercusión del Impuesto en las operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura correspondiente, pero se entenderá producida en el momento del devengo de la operación determinado conforme a lo indicado anteriormente.

Derecho a la deducción del IVA Soportado

El derecho a la deducción para el sujeto pasivo acogido al RECC nace:
  • En el momento del pago total o parcial del precio por los importes efectivamente satisfechos.
  • O bien el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación si el pago no se ha producido.
El derecho a la deducción se ejercitará en la autoliquidación del periodo en que haya nacido el derecho a la deducción de las cuotas soportadas o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, desde el nacimiento del derecho. La Ley del IVA, al establecer el RECC, ha contemplado ciertas disposiciones específicas, que prevén la posibilidad de que se produzca un eventual concurso de acreedores relativo al sujeto acogido al régimen de caja.
Dichas normas hacen referencia a los efectos que el auto de la declaración de concurso del sujeto pasivo acogido al RECC o del sujeto destinatario de sus operaciones, determinará en la fecha del mismo, que son:
  1. El devengo de las cuotas repercutidas por el sujeto pasivo acogido al RECC que estuvieran aún pendientes de devengo en dicha fecha.
  2. El nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo, respecto de las operaciones de las que haya sido destinatario, a las que se haya aplicado el RECC, que estuvieran pendientes de pago cuando no hubiera transcurrido el plazo que medie hasta el 31 de diciembre del año posterior.
  3. El nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo concursado acogido al RECC, respecto de las operaciones de las que haya sido destinatario, no acogidas a dicho régimen especial, que estuvieran aún pendientes de pago y en las que no haya transcurrido el plazo hasta el 31 de diciembre del año posterior a aquel en que se realizaron las operaciones.

Fuente: ASESORLEX.

 

Comentarios a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público

contratos sector público 2017

Antecedentes normativos. Una mirada a la evolución de la normativa comunitaria

Los contratos del sector público constituyen una cuestión de casi perenne actualidad por tener una notable incidencia en el diseño y efectividad de las políticas públicas de los estados; por ello, materias o cuestiones como la transparencia y el principio de igualdad de trato adquieren una singular importancia en el ámbito que nos ocupa, habida cuenta del volumen e impacto económico que pueden alcanzar estos negocios jurídicos.

Precisamente por la importancia “estratégica” de esta institución, la Unión Europea ha querido desarrollar legislativamente un paquete de medidas que coadyuven a la construcción del mercado interior y a la fijación de un modelo de relaciones contractuales que tengan como fin la máxima eficiencia de los fondos públicos. Y en este ámbito, con esos loables fines, los principios de igualdad de trato y no discriminación se configuran como ejes axiales de la contratación pública, junto con los de transparencia e igualdad de trato.

La actual legislación española de contratos públicos, pese a tener un marcado carácter interno, tiene hondas raíces allende nuestras fronteras, encontrándose el fundamento de no pocas de las instituciones que contiene en el ámbito de las instituciones de carácter internacional. En este específico ámbito cobra especial importancia el Derecho de la Unión Europea que, además de informar, dirige en cierto modo la creación de la legislación estatal. Por ello no es extraño que la exigencia de la adaptación de nuestro derecho nacional a la normativa comunitaria haya dado lugar, en los últimos decenios, a la mayor parte de las reformas que se han ido haciendo en los textos legales españoles.

En el ámbito concreto de la contratación pública, la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007 encontró su justificación, entre otras razones, en la exigencia de incorporar a nuestro ordenamiento la entonces reciente Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. La actualidad, sin embargo, exige una adaptación de los tiempos y no lo olvidemos, también de la normativa a la realidad en la que nos desenvolvemos. Así las cosas, ante el actual panorama legislativo, marcado en buena medida por la “Estrategia Europa 2020”, la contratación pública exige una modernización, en tanto en cuanto se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.

Ese es precisamente el fin con el que vieron la luz las tres Directivas comunitarias en materia de contratación pública, la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública; la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; y la más novedosa, en tanto en cuanto carece de precedente en la normativa comunitaria, como es la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

La nueva directiva

Las nuevas directivas vienen a sustituir a la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios y Directiva 2004/17/CE sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, aprobadas hace ahora una década, y que fueron transpuestas al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  posteriormente derogada y sustituida por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y la Ley 31/2007 de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, respectivamente.

Con las vigentes Directivas, la Unión Europea ha dado por concluido un proceso de revisión y modernización de las normas actuales sobre contratación pública, que debería permitir incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública. De igual modo se persigue que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. A todo ello se sumaba la necesidad de aclarar determinadas nociones y conceptos básicos para garantizar la seguridad jurídica e incorporar diversos aspectos resaltados por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de contratación pública.

Los objetivos de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Como ya hemos comentado, la revisión de las Directivas sobre contratación pública quedan inscritas en un programa cuyo objetivo principal es la modernización en profundidad del sistema de contratación en el ámbito territorial de los estados que conforma la Unión Europea, con el fin de potenciar su eficiencia y diseñar políticas que permitan un mayor crecimiento en un ámbito de clara liberalización económica. Se trata, pues, de “desestatalizar” funciones otrora públicas permitiendo el acceso a los operadores y compañías privadas a la ejecución de dichas funciones. Para ello es premisa básica el fomento de la transparencia, la apertura y la competencia, que debieran traducirse en un ahorro de costes y/o de inversión pública.

Sobre estos mimbres, los objetivos que han inspirado la regulación contenida en la Ley que ahora analizamos son, como no podría ser de otra forma, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y conseguir una mejor relación calidad precio.

Para lograr este último objetivo, como novedad, la Ley 9/2017 establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, incluyendo a tal efecto en los pliegos de las licitaciones aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

La redacción del nuevo texto legal satisface, además, una de las necesidades puestas de manifiesto por los agentes sociales y por los licitadores, que no es otra que la deseable simplificación de los trámites, imponiendo una menor burocracia para los licitadores, así como un mejor acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas. Circunstancia esta última que acomoda el texto legal al perfil de las empresas de nuestro país. Se trata en definitiva de que el proceso de licitación resulte más simple, reduciendo las cargas administrativas de los operadores económicos intervinientes en este ámbito, beneficiando así no solo a los licitadores, sino también a los órganos de contratación y, en definitiva, a los destinatarios del contrato licitado bien sea, directamente, el propio estado, bien los ciudadanos.

El objeto

El objeto de la norma no reside únicamente en contratar con una buena relación calidad precio, sino que pretende alcanzar a aspectos eminentemente sociales o ambientales. A tal efecto el legislador ha introducido normas más estrictas tanto en beneficio de las empresas como de sus trabajadores, de modo que las nuevas normas endurecen las disposiciones sobre esta materia en las denominadas ofertas “anormalmente bajas”. Para ello la Ley dispone que los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.

Pese a que la Ley que analizamos constituya el elemento de transposición al ordenamiento interno de las Directivas comunitarias, no es este su único objetivo. El legislador español, partiendo de dicha transposición, ha tratado de diseñar un sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de la satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora de las condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores económicos, y, por supuesto, a través de la prestación de mejores servicios a los usuarios de los mismos.

El sistema legal de contratación pública que se establece en la nueva Ley persigue aclarar las normas vigentes, con el fin de alcanzar una deseable seguridad jurídica, y trata de conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las pequeñas y medianas empresas, entre otras materias. Todas estas cuestiones, de fondo, se constituyen como verdaderos objetivos de la Ley, persiguiéndose en todo momento, como ya ha quedado dicho, la eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad.

Nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales y consecuencias

Despido

Dentro del poder de dirección que ostenta el empresario, tiene a su disposición la posibilidad de despedir al trabajador, bien sea por causas objetivas o bien por motivos disciplinarios. Ambas posibilidades se regulan en los artículos 52 y 54 del Estatuto de los Trabajadores.

Nulidad del despido

Frente a la adopción por parte del empresario de estas decisiones extintivas, el trabajador puede reaccionar impugnando judicialmente el despido, que, tras el trámite procesal correspondiente, será declarado como procedente, improcedente o nulo.

El Estatuto de los Trabajadores se encarga de determinar cuándo un despido, sea disciplinario u objetivo, será declarado nulo y en este sentido se concreta que será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:

  • Durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural a que se refieren los artículos 45.1.d) y e) o por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.
  • El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los artículos 37.4, 5 y 6, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones reconocidos en esta ley.
  • Después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción, delegación de guarda, acogimiento, o paternidad a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción, delegación de guarda o acogimiento del hijo o del menor.

Otras consideraciones

Queda claro que la nulidad contemplada en las letras anteriores, será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados.

Sin perjuicio de lo dicho en los apartados anteriores y en relación al despido objetivo tenemos que hacer algunas consideraciones.

  1. En contra de lo que ocurría con la normativa anterior, la falta de puesta a disposición de la indemnización de 20 días por año trabajado en los casos de despidos objetivos ya no acarrea la nulidad del despido, sino su improcedencia.
  2. La falta de preaviso de 15 días en los despidos objetivos, no determina la nulidad, ni siquiera la improcedencia del despido, debiendo, en este caso, la empresa abonar una indemnización equivalente al preaviso no ofrecido.
  3. El error excusable en el cálculo de la indemnización no determinará la nulidad ni la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonar la indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que procedan, pero cuidado, para que no se determine la improcedencia, el error en el cálculo de la indemnización debe ser excusable, de no ser así, el despido se calificará como improcedente.

Un supuesto conflictivo. El despido de trabajadores que se encuentran en situación de Incapacidad temporal

En diciembre de 2016, una Sentencia del TJUE en respuesta a una cuestión prejudicial elevada por el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona, pareció abrir la puerta a una eventual causa de nulidad de los despidos realizados mientras el trabajador se encuentra en situación de Incapacidad Temporal.

Esta posibilidad vinculada a que la enfermedad que padeciera el trabajador en el momento del despido supusiera una limitación de carácter duradero.

En términos generales, podemos afirmar que, el despido de un trabajador en situación de Incapacidad Temporal, no supone automáticamente la nulidad del despido, que sólo podrá estimarse cuando la baja del trabajador suponga una limitación de carácter duradero y así lo ha reconocido la STSJ Cataluña de 12 de junio de 2017 de esta manera podemos concluir que:

Si bien es cierto que el despido de un trabajador que padece una Incapacidad Temporal no determina automáticamente la nulidad del despido, ésta podrá declararse cuando se trate de una Incapacidad Temporal que en el momento del despido pueda ser considerada como duradera y cuya reversibilidad sea incierta y lo suficientemente prolongada en el tiempo, lo que excluiría, en principio los procesos de Incapacidad Temporal leves y en consecuencia no prolongados en el tiempo.

Consecuencias de la nulidad del despido

El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir e igualmente, en caso de que exista vulneración de derechos fundamentales, el trabajador podrá solicitar una indemnización adicional por daños y perjuicios derivados de la lesión del derecho fundamental vulnerado. Así se desprende del artículo 183 de la Ley de Jurisdicción Social cuando establece que, ante la existencia de vulneración de derechos fundamentales reconocida en la sentencia, el juez se pronunciará sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso le corresponda al trabajador por haber sufrido la lesión de un derecho fundamental.

La indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales

En caso de vulneración de derechos fundamentales el trabajador tendrá derecho a ser compensado con una indemnización derivada de la vulneración del derecho fundamental alegado. Hasta la fecha la obtención de esta indemnización resultaba sumamente complicada dado que debían acreditarse los daños y perjuicio padecidos. Sin embargo, en una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha establecido una doctrina que facilita el acceso a la indemnización a la que se refiere el artículo 183 de la Ley de Jurisdicción Social.

Establece esta sentencia, que en el momento en que la sentencia declare la existencia de vulneración de un derecho fundamental, el juez debe pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda al trabajador por haber sufrido una lesión en sus derechos fundamentales en función del daño moral unido a la vulneración de un derecho fundamental. En estos supuestos, cuando el trabajador, como suele ser frecuente, no pueda probar la cuantificación concreta del daño, podrá aplicarse de manera analógica los baremos sancionadores contenidos en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social que actuará como parámetro orientador.