¿Una fórmula para abaratar costes? La crisis económica financiera ha traído consigo la aparición de esta fórmula ilegal para disminuir los gastos sociales en las empresas. Los “falsos autónomos” no son más que sujetos que bajo la apariencia formal de trabajadores por cuenta propia, esconden una relación laboral por cuenta ajena.

Los denominados “falsos autónomos” han crecido de manera exponencial a la sombra de la larga crisis económico financiera que hemos padecido (y de alguna manera seguimos sufriendo) como una fórmula ilegal para abaratar costes de personal en las empresas.

¿Qué son los falsos autónomos?

Estos falsos autónomos son verdaderos trabajadores que, bajo la apariencia formal de trabajadores por cuenta propia, inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, esconden una verdadera relación laboral por cuenta ajena.

Se trata, en consecuencia, de una relación en claro fraude de ley, puesto que, bajo la apariencia legal de una prestación por cuenta propia o autónoma, esconde una verdadera y real relación laboral.

La pregunta que con carácter previo debemos formularnos es: ¿por qué las empresas acuden a estas fórmulas ilegales de contratación? A nuestro juicio, dos son las razones que llevan a las empresas a acudir a esta figura ilegal: la primera es el aparente abaratamiento de los costes sociales, la segunda la ignorancia por parte de las empresas de los riesgos y consecuencias que pueden derivarse de estas contrataciones ilegales.

Una mala decisión

Efectivamente, contratar con un falso autónomo supone; por una parte, mercantilizar una prestación a todas luces laboral, de forma que no solo abaratamos costes salariales al huir de la aplicación del convenio colectivo, sino que reducimos o eliminamos el coste de seguridad social, al ser el propio autónomo el que asume el coste de seguridad social (optando de forma mayoritaria por una base mínima que conlleva una cuota de seguridad social reducida).

Sin embargo, como ya hemos anticipado, existe otra razón que lleva a las empresas (sobre todo las de pequeña dimensión) a contratar a falsos autónomos, que no es otra que la ignorancia de las consecuencias que para las empresas conlleva que esa relación formalmente autónoma, acabe siendo declarada por los juzgados como laboral.

En efecto, las consecuencias derivadas de esta declaración no suelen ser valoradas por las empresas, pero pueden acarrear consecuencias funestas para las mismas, a saber:

Obligación de liquidar cuotas de Seguridad Social por el régimen general, con arreglo a las bases que realmente corresponda y que podría retrotraerse a los últimos cuatro años completos.
Asunción directa por la empresa de las consecuencias derivadas de un eventual accidente de trabajo, como pueden ser el recargo de prestaciones o la responsabilidad civil derivada del mismo.
Liquidación de diferencias salariales no prescritas.
Sanciones administrativas sin descartar acciones penales por un delito contra los trabajadores.

Supuestos en los que se ha declarado la existencia de falsos autónomos

Son múltiples los pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre la existencia de relación laboral en supuestos de falsos autónomos; por ejemplo, cobradores de recibos, arquitectos en ayuntamientos, vendedores de productos catalogados, directores de hotel, encuestadores, guías turísticos, limpiadoras en comunidades de propietarios, maquilladoras de televisión, técnicos de mantenimiento de maquinaria, profesores en academias… Ciertamente, la capacidad imaginativa para defraudar no tiene límites.

El caso de las denominadas plataformas digitales y la economía colaborativa

Recientemente, la prensa se ha hecho eco de la posible existencia de falsos autónomos en la denominada economía colaborativa y las plataformas digitales.

Un primer pronunciamiento, que pasó inadvertido, fue la Sentencia 902/2017 del Tribunal Supremo de 16-11-2017 (rec. 2806/2015).

En este caso, se trata de una empresa que suscribe acuerdos de colaboración con traductores e intérpretes con los que contacta vía telefónica. Así, cuando el cliente precisa de los servicios de un intérprete o traductor, el cliente llama por teléfono a una línea 902, que corresponde a la empresa, le participa la necesidad de un intérprete, el idioma que debe ser conocido y la hora aproximada en que debe personarse en las dependencias policiales o judiciales correspondientes. El personal de atención telefónica de la empresa, a través de una aplicación informática, localiza a los traductores e intérpretes más cercanos geográficamente al cliente, comprueba su currículum y se pone en contacto telefónico con él, informándole qué organismo necesita un intérprete y a qué hora. El traductor decide si acude o no a desarrollar los servicios y en caso de no aceptar el encargo, la empresa contacta con otro colaborador.

En caso afirmativo, el intérprete, que acude por sus propios medios, se dirige al cliente correspondiente de las dependencias que lo ha reclamado, comunicando su presencia, poniéndose a su disposición. Como contraprestación el traductor percibe su retribución dependiendo de cuantas actuaciones ha realizado ese mes.

El Tribunal Supremo lo tiene claro.

En su sentencia, el Tribunal Supremo nos recuerda los principales elementos o indicios de laboralidad y que resumimos a continuación:

La adopción por parte del empresario de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o con el público. Esto es, quién decide la forma de presentarse ante el cliente. Lo que el profesor Adrián Todolí ha venido en llamar la ajenidad en la marca.

Fijación de precios o tarifas. Es decir, el autónomo debe tener verdadera libertad de elegir el precio que paga el cliente. Si es un “o lo tomas o lo dejas” y el precio lo pone la empresa/plataforma, el trabajador es laboral.

El cálculo de la retribución con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada. Esto es, si el prestador de servicios cobra más por más servicios realizados es indicio de laboralidad, según el Supremo.

Inexistencia de estructura empresarial.

La sentencia entiende que: “Si bien no tiene un horario fijo, este viene impuesto por las necesidades de los organismos que solicitan a la empresa servicios de traducción e intérprete, fijando el día, hora y lugar al que el mismo ha de acudir. Aunque parece que el intérprete goza de gran libertad a la hora de acudir o no a prestar sus servicios, es lo cierto que, dada la relación establecida entre las partes, si no acude, corre el riesgo de que no se le vuelva a llamar”. Es decir, la libertad de horarios y jornada no es suficiente para ser autónomo, ni tampoco la posibilidad de rechazar encargos de la empresa. El Tribunal Supremo entiende que no desvirtúa la laboralidad de la relación la no prestación de servicios a tiempo completo, ni que no conste régimen de exclusividad.

Un caso paradigmático y de reciente actualidad es el de los repartidores de comida a domicilio en la plataforma «Deliveroo»

Efectivamente, nos referimos a la Sentencia del Juzgado de lo Social 6 de Valencia de fecha 1 de junio de 2018, que considera a un repartidor de comida a domicilio de la plataforma «Deliveroo» como trabajador por cuenta ajena y no como autónomo, que era la relación que aparentemente mantenía con la plataforma.

Los argumentos, siguiendo los comentarios del profesor Todolí, son los siguientes:

De acuerdo con la sentencia el repartidor está controlado por GPS por la empresa, controlando además sus tiempos de reparto.
La sentencia reconoce que la app y la página web son de «Deliveroo», por lo que el repartidor carece de estructura empresarial.
El precio es fijado por la plataforma «Deliveroo».
El repartidor desconoce qué restaurantes están apuntados a la app de «Deliveroo» en cada momento y desconoce si hay muchos o pocos pedidos a cada restaurante. Es la denominada ajenidad en la información que se configura como un indicio de laboralidad.
Por último, la ajenidad en la marca, a la que anteriormente se ha hecho referencia.

Es cierto que la sentencia no es firme, y de hecho está recurrida, pero en consonancia con la sentencia del Tribunal Supremo anteriormente aludida, entendemos que será difícil que en instancias superiores se revoque.

Lo que no parece que tenga sentido es que a pesar de todos los riesgos que supone para la empresa acudir a estas fórmulas fraudulentas, se sigan utilizando las mismas de manera tan generalizada sin sopesar los riesgos y las consecuencias que ello puede conllevar.

Adaptación al RGPD de la UE en materia de protección de datos

17 agosto, 2018

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Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, por el cual se regula la adaptación del Derecho español a la normativa del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales (RGPD) y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).

Sujetos responsables

Los responsables y los encargados de los tratamientos.
Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea.
Las entidades de certificación y las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta.
No será de aplicación al delegado de protección de datos el régimen sancionador en esta materia.

Infracciones

Las infracciones realizadas por el responsable y el encargado, los organismos de certificación y las autoridades de control se sancionarán, con multas administrativas de 10 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2% del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía.
Las infracciones sobre los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el consentimiento, los derechos de los interesados, las transferencias de datos personales a un destinatario en un tercer país o una organización internacional, se sancionan con multas administrativas de 20 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4% del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía.

Iniciación del procedimiento y duración

Cuando se presentase ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación que se refiera a la falta de atención de una solicitud de ejercicio de los derechos.
El plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a trámite.
Se podrá inadmitir la reclamación cuando el responsable o encargado del tratamiento, previa advertencia formulada por la Agencia, hubiera adoptado las medidas correctivas encaminadas a poner fin al posible incumplimiento de la legislación de protección de datos y concurra que bien no se haya causado perjuicio al afectado o que el derecho del afectado quede plenamente garantizado mediante la aplicación de las medidas.

Contratos de encargado del tratamiento

Los contratos de encargado de los tratamientos suscritos con anterioridad al 25 de mayo de 2018, mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento señalada en los mismos y en caso de haberse pactado de forma indefinida, hasta el 25 de mayo de 2022.
Durante dichos plazos cualquiera de las partes podrá exigir a la otra la modificación del contrato a fin de que el mismo resulte conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679.

CONCLUSIONES

Para evitar sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, debemos garantizar que nuestros clientes y proveedores puedan ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de datos. Para ello debemos tener en cuenta que tanto a clientes como proveedores:

Debemos informar quien es el responsable de los datos y como pueden ejercer sus derechos.
Responder en plazo, a todas las solicitudes que nos realicen.

Novedades Laborales de Presupuestos Generales del Estado 2018

9 agosto, 2018

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Vamos a revisar las principales novedades en materia laboral que se han incluido en los presupuestos generales para el 2018

Modificaciones en el régimen especial de trabajadores autónomos (reta)

Aplaza la entrada en vigor de algunos preceptos de la Ley 20/2007 del Estatuto del trabajo autónomo, en todo lo relativo a los trabajadores por cuenta propia que ejerzan su actividad a tiempo parcial, sin concretar ninguna fecha.
Desde el 1 de agosto de 2018, la base mínima de cotización será del 932,70 euros mensuales, que supone un incremento del 1,4%. Hasta el 31 de julio es de 919,80 €/mensuales. Las bases de cotización mínima y máxima que pueden elegirse en función de la edad también se incrementan en el mismo porcentaje. La base máxima queda establecida en 3.803,70 €/mes (hasta 31-07-2018: 3.751,20 €/mensuales).
Se mantiene en 1.199,10 € la base mínima del autónomo societario y del autónomo con 10 o más trabajadores.
En el Sistema Especial de Trabajadores por cuenta propia agrarios se establece, desde el 1 de agosto de 2018, un tipo de cotización del 18,75 % aplicable a las contingencias de cobertura obligatoria, cuando el trabajador haya optado por una base de cotización de entre 932,70 €/mes y 1.119,30 €/mes. Si el trabajador hubiera optado por elegir una base de cotización superior a 1.119,30 €/mensuales, a la cuantía que exceda de ésta última le será de aplicación el tipo de cotización del 26,50%.
También establece una regulación específica de las reducciones en las cuotas de la Seguridad Social (“tarifa plana”) de las personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo que se establezcan como trabajadores por cuenta propia o autónomos que residan y desarrollen su actividad en un municipio con menos de 5.000 habitantes, que además implica una ampliación de su duración.

Ayudas para fomentar el empleo

Se establece una nueva ayuda económica de acompañamiento para jóvenes con baja formación, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje. El pago periódico de la ayuda económica se realizará por el Servicio Público de Empleo Estatal. Entrará en vigor el mes de agosto de 2018, y se extenderá mientras esté vigente la Iniciativa de Empleo Juvenil.
Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que conviertan en indefinidos a jornada completa los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes beneficiarios de la nueva ayuda económica de acompañamiento, bien a la finalización de su duración inicial, o bien a la finalización de cada una de las sucesivas prórrogas, hasta alcanzar la duración máxima legalmente prevista para este tipo de contratos, tendrán derecho a una bonificación en las cuotas empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social de 250 € mensuales (3.000 €/año), durante un período de 3 años. Podrán ser también beneficiarios los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas y sociedades laborales, así como las empresas de inserción que conviertan en indefinidos los mencionados contratos cuando estén celebrados con trabajadores en situación de exclusión social.
Con la finalidad de incentivar el empleo autónomo en municipios pequeños, regula de forma específica las reducciones en las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos (“tarifa plana”) que residan y desarrollen su actividad en un municipio con menos de 5.000 habitantes, con efectos desde 1 de agosto de 2018.
Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores en el RETA, tendrán derecho a una reducción en la cotización por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, que quedará fijada en la cuantía de 50 euros mensuales durante los 24 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, en el caso de que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda.
Alternativamente, los que optasen por una base de cotización superior a la mínima que les corresponda, podrán aplicarse durante los 24 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción del 80 % sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal.

Otras medidas

La duración del permiso de paternidad será de 5 semanas a partir del 05/07/2018, y se disfrutará de forma ininterrumpida salvo la última semana del período total a que se tenga derecho, que, previo acuerdo entre empresario y trabajador, podrá disfrutarse de forma independiente en otro momento dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa.
La Ley 6/2018 de PGE establece las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, FOGASA y FP que son de aplicación a partir del 1 de agosto de 2018. En general, mantiene las mismas bases y tipos de cotización que estableció la Orden ESS/55/2018, pero con las siguientes novedades:
El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los regímenes de la Seguridad Social queda establecido en 3.803,70 €/mensuales desde 01/08/2018, que supone un incremento del 1,4%.
Las bases máximas de cotización del Régimen General, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, serán a partir del 01-08-2018 de 3.803,70 € mensuales o de 126,79 € diarios (+ 1,4%).
En el Sistema Especial para Empleados de Hogar, las retribuciones mensuales y las bases de cotización de la escala se actualizarán hasta el año 2023 en idéntica proporción al incremento que experimente el SMI. Será a partir de 2024 cuando las bases por cotización comunes y profesionales se determinarán con las mimas reglas del Régimen General, sin que la cotización pueda ser inferior a la base mínima que se establezca legalmente.
Se mantienen las cuantías del IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples.

Novedades Fiscales de Presupuestos Generales del Estado – 2018

27 julio, 2018

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Vamos a repasar las principales novedades Fiscales incluidas en la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018

MODIFICACIONES EN LA LEY DEL IRPF con efectos desde el 05/07/2018:

Aumenta la reducción por obtención de rendimientos del trabajo, y aumenta la cuantía por debajo de la cual se podrá aplicar. La reducción podrá aplicarse a los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 16.825 euros siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros.
La ley establece las reglas para calcular la reducción y para determinar el tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir del 5 de julio de 2018. La regularización del tipo de retención o ingreso a cuenta, si procede, se realizará, a opción del pagador, en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir del 05/07/2018, o en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir del mes de agosto.
El contribuyente podrá aplicarse la deducción de hasta 1.200 € anuales por el cónyuge no separado legalmente con discapacidad que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 €. El importe mensual de la deducción anticipada será de 100 €.
La cuantía de la deducción por ser una ascendiente, o un hermano de huérfano de padre y madre, que forma parte de una familia numerosa, se incrementará en 600 € anuales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, según corresponda. El abono de este incremento podrá ser anticipado.
Eleva el límite excluyente de la obligación de declarar establecido para los perceptores de rendimientos del trabajo cuando proceden de más de un pagador salvo las excepciones establecidas, o cuando se trata de pensiones compensatorias de cónyuge o anualidades por alimentos no exentas, o cuando el pagador no está obligado a retener, o rendimientos íntegro del trabajo sujetos a tipo fijo de retención. El actual límite de 12.000 € pasa a ser de 14.000 €. Pero para el ejercicio 2018, cuando el impuesto se hubiera devengado a partir del 05/07/2018 el límite será de 12.643 €.
Incrementa la cuantía exenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Para los premios derivados de juegos celebrados con anterioridad a 05/07/2018 la cuantía exenta será de 2.500 €. La cuantía exenta será de hasta 10.000 € para los premios derivados de juegos celebrados en el periodo impositivo 2018 a partir del 05/07/2018. La cuantía exenta será de 20.000 € para los celebrados en 2019. Y de 40.000 € a partir de 2020.

MODIFICACIONES EN LA LEY DEL IRPF con efectos desde el 01/01/2018:

La deducción por maternidad se podrá incrementar hasta en 1.000 € adicionales, cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados, pero se establecen ciertas limitaciones en dicha cuantía. No se podrá solicitar el abono anticipado de este incremento.
Dentro del límite conjunto excluyente de la obligación de declarar de 1.000 € anuales previsto para las rentas inmobiliarias imputadas, los rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, se incluyen “las demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas”.
Eleva el porcentaje de la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, que pasa del 20 al 30%. Incrementa base máxima de deducción, estableciéndola en 60.000 € anuales.

MODIFICACIONES EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:

Modifica la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles y su régimen transitorio, para adaptar su regulación a los acuerdos adoptados en el seno de la UE y de la OCDE respecto a los regímenes conocidos como «patent box», con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 01/01/2018.
Establece las obligaciones que deberán cumplir los productores que se acojan a la deducción por inversiones en producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales realizados en territorio español, con efectos desde 05/07/2018.

MODIFICACIONES EN LA LEY DEL IVA con efectos desde el 05/07/2018:

Establece el tipo impositivo reducido del 10% a la entrada a las salas cinematográficas.
Modifica el requisito para poder aplicar el tipo impositivo reducido del 4% de los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial como consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios. La prestación económica deberá cubrir más del 10% del precio.

MODIFICACIONES EN LA LEY DEL IVA con efectos desde el 01/01/2019:

Modifica la exención por los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, agrupaciones o entidades autónomas, incluidas las AIE, para ajustar su regulación al Derecho de la UE. La exención resultará solo de aplicación a las AIEs cuyos miembros desarrollen actividades de interés general que queden exentas de IVA (asistencia sanitaria, asistencia social o educación, entre otras).
Modifica la normativa interna en lo referente a las reglas que determinan la localización en el territorio de aplicación del Impuesto de los servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión o de televisión y la regulación del Régimen especial aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica por empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad.

OTRAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS:

Se prorroga durante el año 2018 la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio
Integra el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo estatal especial, con efectos desde 01/01/2019.

Declarada inconstitucional la reforma de acceso al subsidio para mayores de 55 años.

18 julio, 2018

Gade

Fiscal Jurídica No hay comentarios

EL FJ9 de la STC 61/2018, de 7 de junio de 2018, declara inconstitucionales y nulas las disposiciones del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, por las que se modificaron en su momento los requisitos de acceso al subsidio para mayores de 55 años en relación a la carencia de rentas tanto del prestacionista como de su unidad familiar.

En conclusión, de deduce que: los ingresos de otro miembro de la familia no han de incidir sobre la existencia de carencia de rentas a efectos de la prestación.

Resolución de nulidad

El FJ9 de la STC 61/2018, de 7 de junio de 2018 ha declarado con efectos de 7 de junio de 2018, inconstitucionales y nulas las disposiciones adicional octava, transitoria única y final primera.1 del RD-Ley 5/2013 de 15 de Marzo (Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo), por entender que vulneran el artículo 86.1 CE.

En particular, declara «ni en la exposición de motivos de la norma ni en el debate parlamentario de convalidación ni en la memoria de impacto normativo se indica que tales modificaciones traten de dar respuesta a una situación de naturaleza excepcional o constituyan una necesidad urgente, hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario, sin hacer quebrar la efectividad de la acción requerida, bien por el tiempo a invertir o por la necesidad de inmediatez de la medida».

El TC, sin valorar la razón por la que el Gobierno entiende que es necesario reformar el subsidio para mayores de 55 años, entiende que no existe «una explicación de por qué esta reforma sea urgente en los términos exigidos por la doctrina constitucional para entender cumplida la exigencia del presupuesto habilitante derivado del artículo 86.1 CE», es decir, entiende que esta reforma debería haberse realizado mediante procedimiento legislativo ordinario.

De la anulación normativa se desprende:

No existen efectos retroactivos por lo que aquellos solicitantes a los que se les hubiese denegado el subsido no podrán solicitarlo nuevamente.

Desaparece la obligación de comunicación de rentas de otros miembros de la unidad familiar, por lo que el SEPE no podrá rechazar o suspender el subsidio por este motivo.

Reacción de El SEPE.

Ante la falta de modificación expresa de la actual redacción del párrafo segundo del apdo. 2, art. 275, LGSS, en relación al requisito de carencia de rentas exigido para el subsidio por desempleo, en la página web del SEPE se ha eliminado este requisito.