¿Que es la RGPD?. El día 25 de mayo entra en vigor en todos los países de la Unión Europea una nueva legislación sobre protección de datos: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). En él se especifica cómo deben tratar las empresas a partir de ahora los datos personales y la privacidad de los usuarios en el territorio de la UE.

Nuevos derechos

Además añade a los tradicionales derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) recogidos en la actual normativa española nuevos elementos que mejoran la capacidad de decisión y control de los clientes sobre sus propios datos personales. Es mportante conocer las principales características de cada derecho.

DERECHO DE ACCESO: Permite a su cliente conocer y obtener gratuitamente información sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento.
DERECHO DE RECTIFICACIÓN:Se caracteriza porque permite corregir errores, modificar los datos que resulten ser inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información objeto de tratamiento.
DERECHO DE OPOSICIÓN: Es el derecho del cliente afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o su cese en el mismo.
DERECHO AL OLVIDO: Por medio de este derecho se podrá revocar el consentimiento prestado para el tratamiento de datos personales en cualquier momento, pudiendo exigir la supresión y eliminación de los datos en redes sociales o buscadores de internet.
DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO: Permite solicitar el bloqueo temporal del tratamiento de los datos del solicitante cuando existan controversias sobre su licitud.
LÍMITE A LAS DECISIONES INDIVIDUALES AUTOMATIZADAS: Se trata del derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o afecte de modo similar y de forma significativa.

Régimen especial del criterio de caja

3 mayo, 2018

Gade

El Régimen Especial del Criterio de Caja (RECC), es opcional para los sujetos pasivos si bien, una vez ejercitada la opción, se aplicará a todas las operaciones realizadas por aquel, sin perjuicio de las exclusiones que establece la propia Ley del IVA.

Sujetos que pueden aplicar el régimen especial del criterio de caja

Pueden optar por este régimen especial todos los sujetos pasivos del IVA, es decir, personas físicas, personas jurídicas y entidades que ejerzan actividades económicas, siempre que:

El volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 2.000.000 €.
Los cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural anterior no superen la cuantía de 100.000 €.

Puede aplicarse voluntariamente, la opción es por ello imprescindible, considerándose prorrogada salvo renuncia o exclusión. La opción por el RECC debe efectuarse en alguna de estos momentos:

En el momento de presentación de la declaración de comienzo de la actividad;
Durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto, entendiéndose prorrogada para los años siguientes, en tanto no se produzca la renuncia al régimen o su exclusión.

La normativa no determina un plazo mínimo de permanencia en el RECC una vez ejercitada la opción, por lo que es posible acogerse al mismo durante un año natural y renunciar al año siguiente. Por el contrario, se establece un mínimo en relación con la renuncia, que será de tres años. Por ello, ejercitada la renuncia, no es posible optar de nuevo por la aplicación del RECC hasta que haya transcurrido dicho plazo.

Operaciones que abarca

Se aplicará a todas las operaciones realizadas por el sujeto pasivo en territorio de aplicación del impuesto, salvo las exceptuadas por la LIVA, que son:

Operaciones acogidas al régimen especial simplificado, al de la agricultura, ganadería y pesca, al del recargo de equivalencia, al del oro de inversión, al de los servicios prestados por vía electrónica y al del grupo de entidades.
Operaciones “exteriores”, es decir, exportaciones y operaciones asimiladas, operaciones relativas a zonas francas, depósitos francos y otros depósitos, y las relativas a los regímenes aduaneros o fiscales, así como las entregas intracomunitarias de bienes.
Adquisiciones intracomunitarias de bienes. Esto supone que, si un sujeto acogido al RECC realiza una adquisición intracomunitaria de bienes, debe considerarla devengada conforme a las reglas genera¬les en el período en que se consideren efectuadas las entregas de bienes. La exclusión se considerará a todos los efectos (autoliquidación, registro, etc.), independientemente de cuándo se haya producido o se vaya a producir el pago de la contraprestación por la adquisición de los bienes.
Operaciones en las que el sujeto pasivo sea el empresario o profesional para quien se realiza la operación, por inversión del sujeto pasivo (artículo 84, uno, números 2.º, 3.º y 4.º de la Ley).
Importaciones y operaciones asimiladas.
Supuestos de autoconsumos asimilados a entregas de bienes o prestaciones de servicios.

Devengo del impuesto

El devengo del Impuesto para las operaciones acogidas al RECC se produce en el momento del cobro total o parcial de la contraprestación. No obstante, si el cobro del precio no se hubiere producido a 31 de diciembre del año siguiente al de realización de la operación, esta se entiende devengada en dicha fecha como máximo. Es decir, el aplazamiento en el pago del IVA a Hacienda es sólo temporal, ya que a final del año siguiente es necesario devengarlo todo.

Repercusión del impuesto

Señala la ley que “La repercusión del Impuesto en las operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura correspondiente, pero se entenderá producida en el momento del devengo de la operación determinado conforme a lo indicado anteriormente.

Derecho a la deducción del IVA Soportado

El derecho a la deducción para el sujeto pasivo acogido al RECC nace:

En el momento del pago total o parcial del precio por los importes efectivamente satisfechos.
O bien el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación si el pago no se ha producido.

El derecho a la deducción se ejercitará en la autoliquidación del periodo en que haya nacido el derecho a la deducción de las cuotas soportadas o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, desde el nacimiento del derecho. La Ley del IVA, al establecer el RECC, ha contemplado ciertas disposiciones específicas, que prevén la posibilidad de que se produzca un eventual concurso de acreedores relativo al sujeto acogido al régimen de caja.

Dichas normas hacen referencia a los efectos que el auto de la declaración de concurso del sujeto pasivo acogido al RECC o del sujeto destinatario de sus operaciones, determinará en la fecha del mismo, que son:

El devengo de las cuotas repercutidas por el sujeto pasivo acogido al RECC que estuvieran aún pendientes de devengo en dicha fecha.
El nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo, respecto de las operaciones de las que haya sido destinatario, a las que se haya aplicado el RECC, que estuvieran pendientes de pago cuando no hubiera transcurrido el plazo que medie hasta el 31 de diciembre del año posterior.
El nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo concursado acogido al RECC, respecto de las operaciones de las que haya sido destinatario, no acogidas a dicho régimen especial, que estuvieran aún pendientes de pago y en las que no haya transcurrido el plazo hasta el 31 de diciembre del año posterior a aquel en que se realizaron las operaciones.

Fuente: ASESORLEX.

Comentarios a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público

27 abril, 2018

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Antecedentes normativos. Una mirada a la evolución de la normativa comunitaria

Los contratos del sector público constituyen una cuestión de casi perenne actualidad por tener una notable incidencia en el diseño y efectividad de las políticas públicas de los estados; por ello, materias o cuestiones como la transparencia y el principio de igualdad de trato adquieren una singular importancia en el ámbito que nos ocupa, habida cuenta del volumen e impacto económico que pueden alcanzar estos negocios jurídicos.

Precisamente por la importancia “estratégica” de esta institución, la Unión Europea ha querido desarrollar legislativamente un paquete de medidas que coadyuven a la construcción del mercado interior y a la fijación de un modelo de relaciones contractuales que tengan como fin la máxima eficiencia de los fondos públicos. Y en este ámbito, con esos loables fines, los principios de igualdad de trato y no discriminación se configuran como ejes axiales de la contratación pública, junto con los de transparencia e igualdad de trato.

La actual legislación española de contratos públicos, pese a tener un marcado carácter interno, tiene hondas raíces allende nuestras fronteras, encontrándose el fundamento de no pocas de las instituciones que contiene en el ámbito de las instituciones de carácter internacional. En este específico ámbito cobra especial importancia el Derecho de la Unión Europea que, además de informar, dirige en cierto modo la creación de la legislación estatal. Por ello no es extraño que la exigencia de la adaptación de nuestro derecho nacional a la normativa comunitaria haya dado lugar, en los últimos decenios, a la mayor parte de las reformas que se han ido haciendo en los textos legales españoles.

En el ámbito concreto de la contratación pública, la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007 encontró su justificación, entre otras razones, en la exigencia de incorporar a nuestro ordenamiento la entonces reciente Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. La actualidad, sin embargo, exige una adaptación de los tiempos y no lo olvidemos, también de la normativa a la realidad en la que nos desenvolvemos. Así las cosas, ante el actual panorama legislativo, marcado en buena medida por la “Estrategia Europa 2020”, la contratación pública exige una modernización, en tanto en cuanto se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.

Ese es precisamente el fin con el que vieron la luz las tres Directivas comunitarias en materia de contratación pública, la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública; la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; y la más novedosa, en tanto en cuanto carece de precedente en la normativa comunitaria, como es la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

La nueva directiva

Las nuevas directivas vienen a sustituir a la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios y Directiva 2004/17/CE sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, aprobadas hace ahora una década, y que fueron transpuestas al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público posteriormente derogada y sustituida por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y la Ley 31/2007 de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, respectivamente.

Con las vigentes Directivas, la Unión Europea ha dado por concluido un proceso de revisión y modernización de las normas actuales sobre contratación pública, que debería permitir incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública. De igual modo se persigue que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. A todo ello se sumaba la necesidad de aclarar determinadas nociones y conceptos básicos para garantizar la seguridad jurídica e incorporar diversos aspectos resaltados por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de contratación pública.

Los objetivos de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Como ya hemos comentado, la revisión de las Directivas sobre contratación pública quedan inscritas en un programa cuyo objetivo principal es la modernización en profundidad del sistema de contratación en el ámbito territorial de los estados que conforma la Unión Europea, con el fin de potenciar su eficiencia y diseñar políticas que permitan un mayor crecimiento en un ámbito de clara liberalización económica. Se trata, pues, de “desestatalizar” funciones otrora públicas permitiendo el acceso a los operadores y compañías privadas a la ejecución de dichas funciones. Para ello es premisa básica el fomento de la transparencia, la apertura y la competencia, que debieran traducirse en un ahorro de costes y/o de inversión pública.

Sobre estos mimbres, los objetivos que han inspirado la regulación contenida en la Ley que ahora analizamos son, como no podría ser de otra forma, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y conseguir una mejor relación calidad precio.

Para lograr este último objetivo, como novedad, la Ley 9/2017 establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, incluyendo a tal efecto en los pliegos de las licitaciones aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

La redacción del nuevo texto legal satisface, además, una de las necesidades puestas de manifiesto por los agentes sociales y por los licitadores, que no es otra que la deseable simplificación de los trámites, imponiendo una menor burocracia para los licitadores, así como un mejor acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas. Circunstancia esta última que acomoda el texto legal al perfil de las empresas de nuestro país. Se trata en definitiva de que el proceso de licitación resulte más simple, reduciendo las cargas administrativas de los operadores económicos intervinientes en este ámbito, beneficiando así no solo a los licitadores, sino también a los órganos de contratación y, en definitiva, a los destinatarios del contrato licitado bien sea, directamente, el propio estado, bien los ciudadanos.

El objeto

El objeto de la norma no reside únicamente en contratar con una buena relación calidad precio, sino que pretende alcanzar a aspectos eminentemente sociales o ambientales. A tal efecto el legislador ha introducido normas más estrictas tanto en beneficio de las empresas como de sus trabajadores, de modo que las nuevas normas endurecen las disposiciones sobre esta materia en las denominadas ofertas “anormalmente bajas”. Para ello la Ley dispone que los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.

Pese a que la Ley que analizamos constituya el elemento de transposición al ordenamiento interno de las Directivas comunitarias, no es este su único objetivo. El legislador español, partiendo de dicha transposición, ha tratado de diseñar un sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de la satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora de las condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores económicos, y, por supuesto, a través de la prestación de mejores servicios a los usuarios de los mismos.

El sistema legal de contratación pública que se establece en la nueva Ley persigue aclarar las normas vigentes, con el fin de alcanzar una deseable seguridad jurídica, y trata de conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las pequeñas y medianas empresas, entre otras materias. Todas estas cuestiones, de fondo, se constituyen como verdaderos objetivos de la Ley, persiguiéndose en todo momento, como ya ha quedado dicho, la eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad.

Nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales y consecuencias

18 abril, 2018

Gade

Jurídica Laboral No hay comentarios

Dentro del poder de dirección que ostenta el empresario, tiene a su disposición la posibilidad de despedir al trabajador, bien sea por causas objetivas o bien por motivos disciplinarios. Ambas posibilidades se regulan en los artículos 52 y 54 del Estatuto de los Trabajadores.

Nulidad del despido

Frente a la adopción por parte del empresario de estas decisiones extintivas, el trabajador puede reaccionar impugnando judicialmente el despido, que, tras el trámite procesal correspondiente, será declarado como procedente, improcedente o nulo.

El Estatuto de los Trabajadores se encarga de determinar cuándo un despido, sea disciplinario u objetivo, será declarado nulo y en este sentido se concreta que será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:

Durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural a que se refieren los artículos 45.1.d) y e) o por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.
El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los artículos 37.4, 5 y 6, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones reconocidos en esta ley.
Después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción, delegación de guarda, acogimiento, o paternidad a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción, delegación de guarda o acogimiento del hijo o del menor.

Otras consideraciones

Queda claro que la nulidad contemplada en las letras anteriores, será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados.

Sin perjuicio de lo dicho en los apartados anteriores y en relación al despido objetivo tenemos que hacer algunas consideraciones.

En contra de lo que ocurría con la normativa anterior, la falta de puesta a disposición de la indemnización de 20 días por año trabajado en los casos de despidos objetivos ya no acarrea la nulidad del despido, sino su improcedencia.
La falta de preaviso de 15 días en los despidos objetivos, no determina la nulidad, ni siquiera la improcedencia del despido, debiendo, en este caso, la empresa abonar una indemnización equivalente al preaviso no ofrecido.
El error excusable en el cálculo de la indemnización no determinará la nulidad ni la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonar la indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que procedan, pero cuidado, para que no se determine la improcedencia, el error en el cálculo de la indemnización debe ser excusable, de no ser así, el despido se calificará como improcedente.

Un supuesto conflictivo. El despido de trabajadores que se encuentran en situación de Incapacidad temporal

En diciembre de 2016, una Sentencia del TJUE en respuesta a una cuestión prejudicial elevada por el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona, pareció abrir la puerta a una eventual causa de nulidad de los despidos realizados mientras el trabajador se encuentra en situación de Incapacidad Temporal.

Esta posibilidad vinculada a que la enfermedad que padeciera el trabajador en el momento del despido supusiera una limitación de carácter duradero.

En términos generales, podemos afirmar que, el despido de un trabajador en situación de Incapacidad Temporal, no supone automáticamente la nulidad del despido, que sólo podrá estimarse cuando la baja del trabajador suponga una limitación de carácter duradero y así lo ha reconocido la STSJ Cataluña de 12 de junio de 2017 de esta manera podemos concluir que:

Si bien es cierto que el despido de un trabajador que padece una Incapacidad Temporal no determina automáticamente la nulidad del despido, ésta podrá declararse cuando se trate de una Incapacidad Temporal que en el momento del despido pueda ser considerada como duradera y cuya reversibilidad sea incierta y lo suficientemente prolongada en el tiempo, lo que excluiría, en principio los procesos de Incapacidad Temporal leves y en consecuencia no prolongados en el tiempo.

Consecuencias de la nulidad del despido

El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir e igualmente, en caso de que exista vulneración de derechos fundamentales, el trabajador podrá solicitar una indemnización adicional por daños y perjuicios derivados de la lesión del derecho fundamental vulnerado. Así se desprende del artículo 183 de la Ley de Jurisdicción Social cuando establece que, ante la existencia de vulneración de derechos fundamentales reconocida en la sentencia, el juez se pronunciará sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso le corresponda al trabajador por haber sufrido la lesión de un derecho fundamental.

La indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales

En caso de vulneración de derechos fundamentales el trabajador tendrá derecho a ser compensado con una indemnización derivada de la vulneración del derecho fundamental alegado. Hasta la fecha la obtención de esta indemnización resultaba sumamente complicada dado que debían acreditarse los daños y perjuicio padecidos. Sin embargo, en una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha establecido una doctrina que facilita el acceso a la indemnización a la que se refiere el artículo 183 de la Ley de Jurisdicción Social.

Establece esta sentencia, que en el momento en que la sentencia declare la existencia de vulneración de un derecho fundamental, el juez debe pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda al trabajador por haber sufrido una lesión en sus derechos fundamentales en función del daño moral unido a la vulneración de un derecho fundamental. En estos supuestos, cuando el trabajador, como suele ser frecuente, no pueda probar la cuantificación concreta del daño, podrá aplicarse de manera analógica los baremos sancionadores contenidos en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social que actuará como parámetro orientador.

Plan de control tributario 2018

10 abril, 2018

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Introducción.

La actividad de control tributario de los distintos órganos de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia se orienta fundamentalmente a investigar los hechos imponibles no declarados por los contribuyentes y a comprobar la veracidad e integridad de los que éstos han declarado. Se desarrollarán planes en las siguientes líneas de actuación:

En el Impuesto sobre el Patrimonio.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).
En materia de fiscalidad del Juego.
En control de los tributos propios autonómicos.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En control de la información notarial.
Actuaciones en materia de recaudación.
Actuaciones en materia de tributos locales.

Planes para el Impuesto sobre el Patrimonio.

En las actuaciones en este impuesto sobre los no declarantes de los ejercicios 2013 y siguientes se distinguen dos líneas principales de actuación:

Plan de no declarantes y declarantes con discrepancias en el patrimonio declarado. Respecto de los no declarantes, se realizarán actuaciones en vía de gestión y de inspección para requerir la presentación de las declaraciones. Respecto de los contribuyentes en los que se detecten diferencias relevantes entre el patrimonio declarado y el imputado.
Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Se llevarán a cabo actuaciones en vía de inspección de forma coordinada entre la AEAT y las unidades de Inspección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

Planes para el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Se definen los siguientes planes de actuación en este tributo:

Plan de no declarantes y con discrepancias. Respecto de los no declarantes, se realizarán requerimientos para subsanar tal deficiencia. Las unidades de Gestión e Inspección realizarán también las correspondientes actuaciones para regularizar la situación tributaria de los contribuyentes en los que se haya detectado una desviación significativa entre el patrimonio del causante y las declaraciones efectuadas por los contribuyentes.
Plan de revisión de las reducciones estatales. Comprobar y verificar que se han cumplido las condiciones para aplicar las reducciones de la base imponible establecidas en el artículo 20.2 de la Ley 29/1987.
Control de las reducciones y deducciones autonómicas en las modalidades de Sucesiones y Donaciones. Comprobar y verificar que se han cumplido las condiciones para aplicar las reducciones en la base imponible establecidas en la normativa autonómica vigente.
Plan de control de ingresos sin presentación. Se formularán requerimientos y, en su caso, se iniciarán los correspondientes expedientes sancionadores, cuando el sistema de información de cobros ponga de manifiesto la existencia de ingresos efectuados por autoliquidaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que exista constancia de la presentación de la correspondiente autoliquidación.
Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Será objeto de esta colaboración cualquier información relevante remitida por la AEAT, al objeto de comprobar o investigar actos o negocios que supongan la realización de hechos imponibles del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Planes para el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Dentro de este impuesto se distinguen los siguientes tipos de actuaciones:

Plan de no declarantes. Respecto de los no declarantes, se realizará los correspondientes requerimientos tendentes a regularizar la situación tributaria del contribuyente, derivados de los cruces informáticos entre las bases de datos tributarias y los índices trimestrales remitidos por los Notarios.
Plan de comprobación de la sujeción IVA-ITPAJD. Régimen de renuncias a las exenciones inmobiliarias en el IVA. El objetivo de este plan es triple:
Actuar sobre los contribuyentes que han aplicado la renuncia a la exención al IVA recogida en el artículo 20.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, comprobando que se dan las condiciones subjetivas y objetivas para poder aplicar tal renuncia y que el tipo impositivo aplicado es el correcto.
Comprobar si se cumplen los requisitos exigidos en la normativa autonómica en aquellas operaciones que se hayan aplicado el tipo reducido previsto cuando, pudiéndose renunciar a la exención del IVA, dicha renuncia no se produce.
El control de las operaciones sujetadas a IVA por el contribuyente y, por tanto, aplicando la modalidad de actos jurídicos documentados, y la verificación de esa sujeción.
Operaciones a las que resulta de aplicación los tipos reducidos de ITPAJD aprobados por la normativa autonómica y determinadas exenciones. A excepción del tipo reducido incluido en el punto anterior, en este tipo de operaciones se revisarán las condiciones de aplicación de estos regímenes de tributación, para comprobar la adecuada tributación por estos conceptos.
Plan de hechos imponibles no autoliquidados. Serán objeto de especial atención los hechos imponibles no autoliquidados incluidos dentro de un documento que ha sido presentado ante la Administración tributaria regional.
Plan de control de ingresos sin presentación. Se formularán los correspondientes requerimientos y, en su caso, se iniciarán los expedientes sancionadores, cuando el sistema de información de cobros ponga de manifiesto la existencia de ingresos efectuados por autoliquidaciones, sin que exista constancia de la presentación de la correspondiente autoliquidación.
Plan de control de declaraciones presentadas telemáticamente. Se llevará a cabo un control de las declaraciones tributarias presentadas por vía telemática y respecto de las que el órgano gestor no dispone del documento comprensivo del hecho imponible, a fin de constatar la correcta tributación de las citadas operaciones.
Puntos de Conexión. Se procederá a la realización de los cruces necesarios para determinar los ingresos realizados en otras Comunidades Autónomas, y que corresponden a ésta en aplicación de los puntos de conexión.
Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En este caso, la colaboración se materializará en un intercambio de información específico sobre distintos hechos imponibles con determinados requerimientos, como pueden ser fincas que superen un determinado importe o con una localización determinada. Asimismo, se prestará especial atención a las rectificaciones de las cuotas soportadas de IVA en operaciones inmobiliarias, para someter esas operaciones a la tributación adecuada por la modalidad de Transmisiones Onerosas.

Planes para el control del juego.

En esta área se distinguen dos tipos de actuaciones de control:

Plan sobre la tributación del juego. Se realizarán actuaciones de comprobación e investigación sobre la correcta tributación en la Tasa Fiscal sobre el Juego de las empresas que desarrollan su actividad en este sector, en concreto de explotación de bingos, casinos, máquinas recreativas y de azar y apuestas. De este modo se comprobará, a efectos de la aplicación de la tarifa reducida para la modalidad de Casinos de Juego, el cumplimiento de los requisitos que la condicionan.
Plan de actuaciones en materia de control administrativo del Juego. Las actuaciones de este plan se centrarán en verificar la identidad entre las autorizaciones administrativas concedidas y el desarrollo del juego en los locales autorizados a tal efecto, comprobando que el material empleado en el juego es el homologado y autorizado por la Administración, y que los locales de juego cumplen con las condiciones de autorización concedidas.

Plan de control de los tributos propios autonómicos.

Las actuaciones se centrarán en la comprobación e investigación sobre la correcta tributación, por parte de los sujetos pasivos titulares de explotaciones, instalaciones y establecimientos que realicen actividades de depósito, vertidos o emisiones sujetas a estos impuestos.

En materia de tasas, en colaboración con las Consejerías competentes por razón de la materia, se procederá a la comprobación de su efectiva y correcta exacción por las unidades administrativas en las que se desarrollan las actuaciones sujetas a las mismas.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En relación con este tributo, considerando que la Comunidad Autónoma no tiene capacidad de gestión sobre el mismo, las actuaciones de control se realizarán en coordinación con la AEAT, respecto de las deducciones autonómicas, mediante el correspondiente intercambio de información sobre la aplicación de las mismas.

Igualmente, se realizarán los intercambios de información que la normativa reguladora del impuesto prevea, así como los que puntualmente puedan solicitar los órganos de gestión, inspección o recaudación de la AEAT.

Plan de control de la información notarial.

Asociada a la estructura de los índices trimestrales que vienen obligados a presentar los Notarios, se desarrollará una gestión completa de la información que proporcionan, a efectos de controlar las presentaciones de las declaraciones tributarias oportunas, así como el control de los hechos imponibles no autoliquidados.

Actuaciones en materia de recaudación.

Las actuaciones de control en fase recaudatoria se centrarán especialmente en las siguientes líneas:

Control de las deudas descargadas de la vía ejecutiva por anulación de la providencia de apremio, asegurando la reanudación del procedimiento en vía voluntaria en breve plazo.
Seguimiento de las distintas situaciones que pueden afectar a la efectividad del cobro de la deuda, como suspensiones, notificaciones, etc.
Comprobación del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para la aplicación de reducciones en el importe de determinadas deudas y sanciones (recargos únicos y sanciones tributarias), exigiendo con carácter inmediato el importe restante en caso de incumplimiento.
Potenciación de los procedimientos recaudatorios frente a responsables y sucesores en todos los supuestos previstos legalmente, haciendo uso de todas las herramientas de investigación al alcance con objeto de impedir el impago de las deudas por las que deban responder los terceros que incurran en el supuesto legal de que se trate.
Seguimiento de los contribuyentes declarados fallidos mediante cruce con otras fuentes de información, rehabilitando los créditos incobrables cuando se detecte la solvencia sobrevenida de los deudores.
Control del pago de las cuotas aplazadas o fraccionadas a su vencimiento a fin de dictar la providencia de apremio con carácter inmediato cuando se incumpla, en los términos previstos en el Reglamento General de Recaudación.
Control del régimen de colaboración en la recaudación por parte de las entidades financieras para verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas frente a la Agencia Tributaria, en especial la transferencia de los fondos y el envío de los ficheros de información en los plazos establecidos, así como la correcta validación de los documentos cobratorios presentados por los contribuyentes.
Impulso a los procedimientos de compensación de deudas con créditos reconocidos a favor de los contribuyentes por las Administraciones Públicas por ejecución de presupuestos de gastos y por devoluciones de ingresos presupuestarios.

Actuaciones en materia de tributos locales.

En el marco de los convenios de colaboración tributaria suscritos con los Ayuntamientos de la Región, se realizarán actuaciones de comprobación e investigación en los tributos locales cuya gestión se delegue. De igual modo, en los términos y con el alcance que se defina en los órganos de seguimiento regulados en los convenios, se podrán planificar y realizar actuaciones de inspección tributaria en los tributos locales, respetando en todo caso el régimen competencial vigente.

Otras líneas de actuación.

Con independencia de los planes de control señalados anteriormente, se podrán realizar otras actuaciones de control no encuadradas estrictamente en alguna de esas categorías, basadas en criterios de riesgo fiscal, oportunidad, aleatoriedad u otros que se estimen pertinentes. En concreto, se realizarán diligencias de colaboración mutua con la Agencia Estatal de Administración Tributaria en todas aquellas operaciones cuya trascendencia tributaria así lo exija. Asimismo, se profundizará en los intercambios de información y acceso de las bases de datos de ambas Administraciones.